La iniciativa de reforma laboral que envió al Congreso el presidente Felipe Calderón el sábado pasado, con carácter preferente, propone cambios que acabarían con derechos fundamentales de los trabajadores, como el de huelga; además, da carta blanca al outsourcing, plantea contratos temporarios y abarata aún más las remuneraciones para el sector laboral; incluso, los patrones podrían contratar por hora a los trabajadores a razón de 8 o 9 pesos, si la plaza es de salario mínimo.

Es decir, se podrá decir contratada una persona que se lleve a su casa 18 pesos diarios, o mejor aún, 27 pesos por dos o tres horas de labor. Es inaudito el cinismo laboral de este gobierno, coincidieron abogados expertos en derecho laboral.

Manuel Fuentes, Arturo Alcalde y Néstor de Buen sostuvieron lo anterior y alertaron que dicha iniciativa evidencia que lo único que importó al mandatario en este sexenio fue acabar con los derechos de los trabajadores, así como pavimentarle el terreno al sector patronal para eliminar el pago de prestaciones. Todo lo anterior ha devenido en un empobrecimiento generalizado de los trabajadores.

La reforma laboral presentada por el mandatario, bautizada como iniciativa Lozano, sólo es un proyecto reciclado de las presentadas por el PAN y luego por el PRI. La esencia es la misma: atacar los derechos laborales, imponer contratos por tiempo indefinido para quitar la seguridad en el empleo, dejar sin protección alguna a los trabajadores, acabar con el derecho de huelga, abaratar los despidos, imponer un máximo de un año de pago para salarios caídos cuando los juicios se alarguen, hacer imposible cambiar la titularidad de los contratos colectivos y algunas cosas más, apuntó el abogado Fuentes.

Expuso que el pago por horas acabaría con el pago de indemnizaciones, introduciría un esquema de jornadas reducidas y de partición del salario, así como la contratación sin compromisos ni obligaciones por parte de los patrones. O bien instauraría el escenario del banco de horas.

A su vez, Alcalde Justiniani indicó que es una pena que Felipe Calderón haya desperdiciado una oportunidad de una reforma preferente con la iniciativa Lozano, porque en esencia busca abaratar el costo de la mano de obra y del despido, y reducir la estabilidad en el empleo. Indicó que dicho proyecto impulsa la subcontratación, la contratación por horas y que los trabajadores paguen por la lentitud de los juicios laborales. Es decir, precisó, que no puedan cobrar un año de salarios caídos en los conflictos que se van a juicios largos.

La iniciativa no es una reforma estructural, sino un proyecto, una recomendación de la Confederación Patronal de la República Mexicana para acabar con el derecho de libre asociación y acotar el de huelga.

Lo extraordinario es ver cómo el anterior secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, convenció a Felipe Calderón de que era prioridad esta reforma, la necedad de los dos de tijeretear la Ley Federal del Trabajo, indicó Alcalde Justiniani.