El pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy la discusión inédita de un amparo contra el fuero de guerra, en el que tres militares impugnan el auto de formal prisión que les dictó un juez militar por los delitos de homicidio calificado, tortura e inhumación clandestina en agravio de tres civiles, quienes fallecieron en el cuartel de Ojinaga, Chihuahua, y cuyos cuerpos fueron incinerados y tirados después en parajes solitarios.

La acusación forma parte de una investigación hecha por la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) que involucra al general Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua; al teniente coronel José Julián Juárez Ramírez y al mayor Alejandro Rodas Borbón como participantes en esos hechos y de otras conductas ilícitas, como detención ilegal, robo a casa habitación y de vehículos, extorsión y robo de dinero, ocurridos en 2008 y 2009 en esa ciudad.

A los mandos castrenses, además, se les responsabiliza de presionar a más de 20 soldados para que participaran en homicidios e inhumaciones ilegales, con la amenaza de que no los denunciaran, porque los matarían.

A partir de que un juez militar les dictó auto de formal prisión, el teniente Gonzalo Arturo Huesca Isais y los sargentos segundos Miguel Ángel Benítez Macías y Andrés Becerra Vargas presentaron un amparo ante la justicia federal (el cual fue negado en primera instancia) con el argumento de que las víctimas eran civiles: Esaú Samaniego Rey, El Azteca o Chol; José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano, y Érick Campos Valenzuela, El Campitos.

De acuerdo con fuentes judiciales, los acusados esperan que si la SCJN declara que el juez militar no era competente para juzgarlos, tendrían que salir libres por tratarse de un acto inconstitucional.

Sin embargo, el proyecto de sentencia, elaborado por Olga Sánchez Cordero, propone que el juez militar decline la competencia, que sea un juez federal penal el que analice las pruebas y determine si dicta un nuevo auto de formal prisión en contra de los tres acusados, pero por tratarse de delitos graves los acusados permanezcan en prisión hasta que se resuelva su situación jurídica.

En el expediente (740/2011) se da cuenta del testimonio de un soldado que señala que, después de matar e incinerar a Campos Valenzuela, el mayor Rodas Rodón les dijo: “que no nos agüitáramos, que el civil era un malandro y que era preferible que se fuera ese civil, refiriéndose al Campitos, a que nos fuéramos nosotros”.

Antes de matar a Campos Valenzuela, los soldados lo fueron a buscar a su casa, pero como no lo encontraron saquearon del inmueble, dinero, joyas, pantallas de plasma y dos camionetas de lujo y que las cosas las llevaron al cuartel, según el expediente.

Al día siguiente, según confesó el sargento segundo Andrés Becerra Vargas, “salió del comedor el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, el teniente coronel Juárez Ramírez y el mayor Rodas Borbón y que escuchó que el general Moreno Aviña le decía al teniente coronel: “‘esa camioneta Tahoe me gusta, quiero que la pintes de manera que quede bien bonita, como la Suburban que trae el comandante de la región’”.

Agrega que el general le comentó al teniente Huesca: “ese cabrón de Campitos es jefe de sicarios de La Línea y con las fotos que se encontraron en su casa de personal militar es suficiente para que ese pendejo cuando lo agarren lo maten antes de que nos vaya a chingar a uno de nosotros, y por lo de los carros y muebles no te preocupes, carga la otra camioneta guinda con mariguana y la pones a disposición (del Ministerio Público), diciendo que iban siguiendo a la camioneta y que se metió a la casa y que los civiles huyeron”.

Posteriormente, Campos Valenzuela fue detenido cuando se encontraba en su vehículo, y después de extorsionarlo, los soldados lo mataron a golpes y a tiros.

El soldado relata que después de los hechos, en presencia del general Moreno Viña, el mayor Rodas le entregó al teniente coronel Juárez Ramírez un fajo de billetes que le habían quitado a Campos Venezuela antes de matarlo.

De acuerdo con el expediente, el general Moreno Viña estaba informado de las detenciones arbitrarias, torturas, homicidios e incineraciones clandestinas.