Aunque la autoridad consideró que los comicios presidenciales fueron legales y legítimos, además de haber convocado la mayor participación ciudadana, es claro que dejan como herencia la necesidad de una nueva reforma electoral que enfatizaría en dos temas: fiscalización ligada a la calificación presidencial y el reforzamiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en materia de compra y coacción del voto.

Así lo consideró el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Francisco Guerrero, quien justificó una nueva etapa del ciclo elecciones-reformas, a partir de la desconfianza, como se ha ido construyendo el sistema electoral.

Subrayó que en paralelo a los rubros mencionados, existen otros temas que también deben revisarse, como las leyes secundarias al artículo 134 constitucional, que quedaron inconclusas en 2007-2008, y que son imprescindibles.

Entrevistado sobre la secuela de los pasados comicios, Guerrero reivindicó la postura asumida tanto por el IFE como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que, con su fallo sobre los comicios presidenciales, puso punto final al proceso. Sin embargo, consideró que en esta fase la autoridad electoral debe tener una actitud prudente y no confrontarse con los partidos que cuestionan el proceso.

No le corresponde al IFE hacer valoraciones políticas, sino tomar nota de lo que se plantea en una posición de prudencia y tolerancia, dijo.

El consejero subrayó que en paralelo a los comicios presidenciales se renovaron las cámaras del Congreso sin que se objetara el proceso, aunque sabemos que siempre las elecciones presidenciales tienen una valoración diferente.

Si bien destacó que a raíz de la polémica sobre la fiscalización de recursos debería discutirse seriamente modificar el modelo ex post –su revisión es posterior al término del proceso– a una fiscalización en paralelo, alertó sobre un factor que habrá que tomar en cuenta por su impacto: las candidaturas independientes.

Según la reforma de 2011, a partir de 2015 podrán participar por primera vez en México candidatos independientes; esto incidirá necesariamente en una revisión de cómo se habrán de financiar, cómo fiscalizar el gasto, si habrán de acceder a los espots de radio y televisión, tal como se tiene actualmente en el esquema de partidos políticos.

Guerrero destacó que la revisión del modelo debe involucrar ambos temas centrales. Asimismo, enfatizó la necesidad de complementar la reforma electoral 2007-2008 para regular, entre otras cosas, las sanciones a los funcionarios públicos.

En cuanto a los delitos electorales, otro de los temas polémicos de esta elección, destacó la necesidad de revisar a fondo el papel de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales (Fepade), particularmente porque bajo el esquema actual está muy desvinculada su actuación del proceso electoral en su conjunto, aunque incide directamente.

Esto es, actualmente la compra y coacción del voto se castigan como delitos sin vinculación alguna con los comicios; esto debe cambiar y, en su caso, se deben analizar mayores facultades del IFE al respecto.

Finalmente comentó la necesidad de que en este proceso de discusión de la reforma electoral se pondere impedir que se repita la experiencia anterior de renovación de los consejeros electorales, pues, recordó, en octubre del 2013 salimos cuatro consejeros, incluido el actual presidente del IFE (Leonardo Valdés Zurita), y debe impedirse que otra vez se pudiera reeditar la situación que llevó al instituto a trabajar durante casi un año con seis y no con nueve consejeros por falta de acuerdos.