El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará hoy la discusión de un amparo solicitado por un militar, con el que impugna el auto de formal prisión que le dictó un juez civil por ser presunto responsable de homicidio doloso, homicidio con premeditación, alevosía y traición, y robo a casa habitación en agravio de otros dos efectivos.

El proyecto, elaborado por el ministro Sergio Aguirre Anguiano, plantea conceder la razón al sargento Víctor Daniel Jiménez Pérez, a efecto de que el juez ordinario decline su competencia y turne el asunto al juzgador militar correspondiente.

Jiménez Pérez está acusado de haber asesinado en su domicilio a Kenia Elizabeth Flores García y a Carlos Armando Villa García el 16 de julio de 2010 en el domicilio de la hoy occisa, ubicado en el fraccionamiento Camino Real, en La Paz, Baja California.

Jiménez Pérez presentó un amparo contra la acción del juez civil, quien alega que por tratarse de un asunto en el que las víctimas son militares, corresponde al fuero de guerra conocer del asunto.

El proyecto de sentencia propone conceder el amparo al quejoso para que su caso sea conocido por un juez militar, con el argumento de que el artículo 13 constitucional establece que por ningún motivo podrá extender su jurisdicción un juez militar a personas ajenas al Ejército, pues cuando en un delito o falta del orden estuviera involucrado un paisano, debe conocer la autoridad civil respectiva.

En este asunto, sostiene Aguirre, se está ante la circunstancia de que en la causa penal de origen el sujeto activo (presunto asesino) ostenta un cargo militar y que los sujetos pasivos del delito (víctimas) por el que se le acusa también tienen esa calidad, no de civiles, lo cual determina que se trata de un ilícito contra la disciplina castrense que debe ser juzgado en el fuero de guerra.

Se prevé que la propuesta cauzará polémica, pues hay ministros que consideran que no porque el asunto sea entre militares se trata de un delito castrense, y que en este caso el homicidio y los otros delitos que se imputan al quejoso no tienen nada que ver con el fuero de guerra. Al tratarse de ilícitos del orden común, consideran, es un juez ordinario quien debe juzgar al acusado.