10 días de los incidentes ocurridos en la localidad de Huitzilac, Morelos –donde elementos de la Policía Federal agredieron a tiros una camioneta diplomática en la que viajaban dos agentes estadunidenses y un oficial de Marina–, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, sostuvo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos no ha sido afectada por ese episodio, y celebró que los casos complicados –entre los que incluyó también la operación Rápido y Furioso–, que en otro tiempo tendían a convertirse en crisis generalizada en la relación, se resuelven ahora con base en la cooperación y la apertura entre las autoridades de ambos países.

A renglón seguido, Espinosa Cantellano justificó la presencia de elementos estadunidenses en territorio nacional, la cual, indicó,tiene que ver con la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, un rubro importante en nuestra relación bilateral.

Es significativo que los sucesos aludidos ayer por la canciller para ilustrar la madurez y la apertura de la relación bilateral –el ataque en Huitzilac y la operación Rápido y Furioso– sean dos de los botones de muestra más sólidos de la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país, la cual ha sido documentada de diversas maneras: desde los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, y difundidos por La Jornada, hasta las versiones periodísticas –publicadas inicialmente por este diario y confirmadas por medios estadunidenses– de que los funcionarios estadunidenses atacados el pasado 25 de agosto no eran empleados de la embajada de Washington, como se señaló en un principio, sino agentes de la CIA.

Así pues, la titular de la SRE hace un flaco favor a la administración a la que pertenece al exaltar una cooperación bilateral que, en todo caso, ha dado pie a situaciones a todas luces anómalas –la operación de agentes extranjeros en territorio nacional– y a prácticas abiertamente ilegales, como el abastecimiento de armas a las organizaciones criminales en México mediante Rápido y Furioso y Receptor abierto, o las operaciones de lavado de dinero efectuadas por la DEA en el supuesto marco de acciones de inteligencia.

En un contexto de plena normalidad institucional y vigencia del estado de derecho, esas y otras situaciones habrían derivado, si no en episodios de crisis generalizada en la relación, sí al menos en reclamos inequívocos y enérgicos del gobierno mexicano al estadunidense, y en la correspondiente revisión a fondo de los ejes rectores y la dinámica de la relación bilateral. En el México actual, sin embargo, la falta de roces diplomáticos con Washington no deriva precisamente de los buenos oficios de la presente administración federal, sino de su falta de voluntad para reaccionar a los diversos abusos, intromisiones y presiones injerencistas de los emisarios de la Casa Blanca en nuestro país.

Tanto más grave resulta que esa circunstancia, contraria a la soberanía nacional y a los preceptos constitucionales vigentes, haya sido alentada y promovida por el propio gobierno federal y ahora, para colmo, pretenda presentarla como parte de la normalidad institucional, e incluso como un componente deseable de la relación bilateral, como quiso hacerlo la titular de la SRE en su discurso de ayer: dicha actitud no sólo exhibe el espíritu de sumisión y entreguismo que ha caracterizado a la administración federal saliente, sino erosiona el imperio de la legalidad y el orden constitucional en el país.