El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aseveró que la próxima administración heredará sustancialmente conflictos de orden local, históricos o de concurrencia cíclica.

De manera cíclica se presenta un incremento o disminución del número de los así llamados conflictos, que son el reflejo de la efervescencia social y política que se ha manifestado en distintos momentos; algunos de ellos son conflictos de un tracto histórico muy largo, que se van activando o reactivando, dijo.

El funcionario federal respondió así a la pregunta sobre el saldo de la presente administración y de la forma en que procesará la información de la dependencia a su cargo durante el proceso de transición entre la administración calderonista y el equipo designado por el presidente electo, Enrique Peña Nieto, el cual inicia formalmente hoy.

En ese contexto, Poiré aseveró que Gobernación tiene la responsabilidad de fomentar el diálogo y el cumplimiento a la ley.

En esa medida –comentó– lo que tenemos es, sí, un cierto número de conflictos, pero un trabajo permanente de la secretaría para garantizar que aquellos se atiendan en el ámbito de respeto pleno a las libertades.

Por ejemplo, de Nueva Jerusalén, Michoacán –donde una secta religiosa impide el desarrollo de las actividades de educación pública–, Poiré aseguró que es un conflicto local, en donde el gobierno federal brinda apoyo.

Del balance electoral, en particular de la posición de Andrés Manuel López Obrador de no reconocer el veredicto del tribunal electoral que falló en favor de Peña Nieto, el secretario de Gobernación se limitó a subrayar que seguirán buscando, desde el ámbito político, la consecución de acuerdos entre las diversas fuerzas.

En conferencia de prensa, el secretario justificó también el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, como alternativa ante la deficiencia de las corporaciones estatales.

Dijo que durante la administración calderonista fueron canalizados 67 mil millones de pesos para tareas de seguridad a estados y municipios. Adicionalmente, subrayó, 90 por ciento de los delitos en el país se cometen en el ámbito local.

Poiré se reunió ayer con Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia, para definir los detalles del proceso de transición.