Los coordinadores y vicecoordinadores de PRD y PT, así como la representación de Movimiento Ciudadano, constituyeron ayer el Frente Parlamentario Progresista en el Senado, similar al creado en la Cámara de Diputados, cuyo propósito es impedir que se aprueben reformas que atenten contra la historia del país y el bienestar de la mayoría.

El frente considera fundamental traducir los 16 millones de votos logrados por Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones, en las reformas legislativas que México requiere para alcanzar un cambio verdadero.

El coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, afirmó que la izquierda debe actuar como oposición a la política neoliberal y recalcó que seguirán los lineamientos que defina López Obrador, el dirigente que condujo ese movimiento extraordinario que sacudió al país.

Tanto él como el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, recalcaron que no reconocen a Enrique Peña Nieto, declarado presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Hemos rechazado el fallo del tribunal, porque fue una de las elecciones más sucias, y nos mantendremos en esa posición, comentó Bartlett.

El coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, fue más cauto y no definió su postura con claridad.

Más tarde, ante el pleno del Senado y en nombre de su partido, recalcó que iniciarán un juicio político contra los magistrados del tribunal electoral por haber avalado la imposición de Peña Nieto.

Barbosa sostuvo que, como millones de mexicanos, está indignado por la forma en como se impuso a un candidato por medio del control de la televisión, de la manipulación de encuestas electorales y la descarada compra del voto.

Layda Sansores, única integrante de Movimiento Ciudadano, sostuvo que los magistrados actuaron como jueces de rancho.

El frente parlamentario que se constituyó en el Senado dio a conocer un acuerdo inicial so-bre una agenda de ocho puntos, entre los que destacan reformas para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, promoción de libertades y transversalización de los derechos humanos en el marco jurídico mexicano.

Asimismo, modificaciones legales para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, además de promover mecanismos de justicia que reparen el daño sufrido por las víctimas de la delincuencia y eviten la criminalización de la pobreza.

Los integrantes del Frente Parlamentario Progresista se comprometieron a realizar un intenso trabajo legislativo que, contrario a las llamadas reformas estructurales, asegure un crecimiento económico que mejore la realidad de millones de mexicanos que subsisten en pobreza.