La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que presentó Felipe Calderón considera un grupo de medidas que conculcan no sólo derechos laborales, sino también humanos, y de aprobarse su aplicación violaría la Constitución y diversas disposiciones, como el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala un documento elaborado por el PRD en la Cámara de Diputados.

El texto de la bancada perredista resalta que los derechos laborales de carácter colectivo el el proyecto son modificados de manera que se atenta contra la libertad y autonomía sindicales y se refuerza la intromisión gubernamental en las organizaciones gremiales.

Uno de los cambios más graves de la reforma enviada por Calderón a la Cámara de Diputados, resalta, es el conjunto de disposiciones que conculcan el derecho de huelga y fija reglas que, de no cumplirse, harían inexistente el paro de labores.

Algunas de las medidas que señala como contrarias a la Constitución son la subcontratación u outsourcing; la precariedad del trabajo; el salario por hora; la flexibilización del uso de la fuerza de trabajo y los despidos; la estabilidad en el empleo, y la eliminación de facto de la contratación colectiva.

El contenido, agrega, no es novedoso, porque es muy parecida a la que el PAN presentó el 18 de marzo de 2010 y a la del PRI del 11 de marzo de 2011. Sólo hay, puntualiza, “algunas diferencias o matices que pretenden ‘vender’ mejor la iniciativa, como la definición del trabajo ‘digno y decente’ y del principio de no discriminación, el establecimiento de una licencia de paternidad y la responsabilidad del patrón en caso de permitir o tolerar actos de hostigamiento o acoso sexual”.

Fuera de esos puntos, expone, el resto del proyecto atenta contra los derechos de los trabajadores, como el hecho de buscar que se facilite a los patrones la imposición de nuevas formas de contratación y de despido.

Por ejemplo, detalla, al igual que otras iniciativas, la de Calderón busca incluir los contratos a prueba, de capacitación inicial y de temporada; anular la posibilidad de que los trabajadores acumulen derechos y prestaciones, y se agregan causales de despido sin responsabilidad para el patrón.

“En el caso de la subcontratación, se legaliza de manera superficial, sin contemplar la protección a garantías elementales para evitar el abuso de esta figura que ha generado precariedad, desigualdad, reducción de salarios, simulación e indefensión.

“La subcontratación se opone al principio consignado en el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo vigente y a la constitución de la OIT, que establece que ‘el trabajo no es una mercancía’.”

La evaluación del PRD expone que aun cuando la iniciativa propone mecanismos de protección a las madres trabajadoras y para combatir el acoso y el hostigamiento sexual en los centros de trabajo, son limitados porque las trabajadoras requieren medidas para laborar en condiciones de equidad, que se regulen los derechos reproductivos, democratizar las tareas domésticas y distribuir el costo de la maternidad entre los patrones.

Sin un marco adecuado para la impartición de justicia; con trabajos inestables y mal remunerados; sin una defensa efectiva de las condiciones laborales y la discrecionalidad de los patrones para controlar el proceso laboral, el discurso sobre trabajo decente, equidad de género y no discriminación, queda hueco, concluye.