La detención de Alejandro Muñoz Reséndiz, ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se sustenta en una demanda penal que se interpuso en su contra por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de los trabajadores, activos y jubilados del gremio, cuantificada en más de 520 millones de pesos.

En la demanda que interpuso el SME se detalla que el desfalco económico a los electricistas, por parte de Muñoz Reséndiz, se registró en 2009 y el primer semestre de 2010. Incluso en los próximos días este sindicato ampliará el contenido de su denuncia en términos procesales, a fin de consolidar el proceso penal y aportar nuevas pruebas para afianzar el caso.

El sindicato precisó que, además de que el ex tesorero jugó el papel de cómplice de la Secretaría del Trabajo para la intervención del gobierno en los asuntos internos de la organización, dividirla y dejarla en indefensión jurídica, también hizo el lamentable papel de llamar a liquidarse a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

A la par de ello, estafó las finanzas de la organización y la dejó sin recursos, además de que cobró cheques correspondientes a las cuotas sindicales de manera indebida, sostuvo el SME.

Muñoz forma parte del grupo de ex dirigentes que insistentemente llamó a liquidarse a los trabajadores, y contribuyó a la creación de 68 empresas contratistas al servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), integradas con trabajadores liquidados, y que hoy están quebradas –menos una–, explicó el sindicato.

También deslindó a los electricistas que se encuentran en calidad de presos políticos en el Reclusorio Oriente de los señalamientos que hizo el grupo de Muñoz de que pudieran agredir al ex tesorero ahora que está en el mismo reclusorio. Además informó que se actuará penalmente en contra de quienes acusaron que miembros del SME agredieron al jubilado Alfredo Ríos.

Por su parte el grupo que apoya a Alejandro Muñoz indicó que la detención de éste se debe a una venganza política de grupos pro Andrés Manuel López Obrador.

Alfredo Ríos Solís y Gustavo Lugo, representantes de jubilados del grupo de Muñoz, exigieron al jefe de gobierno del Distrito Federal y al procurador de Justicia capitalino actuar con apego a la legalidad.