El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) responsabilizó al gobierno federal de la ola de violencia e impunidad en el país, de los atropellos a los derechos de las comunidades indígenas y de la pobreza de más de la mitad de la población, resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En su primer dictamen sobre el caso Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos indígenas –presentado en mayo pasado por más de 300 grupos y organizaciones sociales en la audiencia que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua– destacó que la lucha contra la impunidad debe ocupar un lugar central en la reflexión y acción colectivas. Recomendó una condena social contra quienes, bajo la doctrina de la seguridad nacional, reprimen y criminalizan la discrepancia, pues ello ha generado violencia social, política y militar.

Durante el foro México y el mundo actual, organizado por Casa Lamm y La Jornada, en el que se dio a conocer el fallo del TTP, John Saxe Fernández, investigador de la UNAM y colaborador de esta casa editorial, comentó que el documento del organismo revela la depredación del territorio nacional, las atrocidades sociales y la atadura económica gubernamental al Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los cuales definió como “instrumentos de clase y de Estado que conforman un engranaje de corrupción y represión (social).

Logra el desahogo de un fenómeno complejo y confirma que los mecanismos del libre comercio no son compatibles con la dignidad humana, los derechos de los pueblos y la sostenibilidad del medio ambiente. Ejemplificó con la crisis del sector agropecuario, resultado de la eliminación de subsidios. El BM y el BID ordenaron diversos programas para el sector a partir de la década de los años 80 y hasta 2003, que suman 11 mil 727.9 millones de dólares que debemos pagar.

Magdalena Gómez, especialista en derechos indígenas y también colaboradora de La Jornada, mencionó que una de las recomendaciones del TPP es que las organizaciones sociales estudien detenidamente los diversos mecanismos –jurídicos, legislativos y sociales– para plantear la retirada de México del TLCAN. Además, continuar documentando las violaciones sociales, económicas y políticas.

Raúl Vera López, obispo de Saltillo, habló de los 40 mil desaparecidos, así como de los asesinados, migrantes y viudas de los mineros de Pasta de Conchos; por ellos, dijo, hay que continuar luchando por un mundo más justo.

Testimonios entregados al TPP y el documento de éste son el retrato de un país desdichado y de quienes desde el poder se oponen a cualquier modificación o cambio que requiere el país; por todos lados que se toque o rasque la estructura política encontramos una muralla de inmoralidades, agregó Víctor Flores Olea, articulista en La Jornada.