La inmunidad diplomática para el ex presidente Ernesto Zedillo, que Washington podría conceder a petición del gobierno mexicano en el marco de la demanda que se sigue al priísta por su responsabilidad en la masacre de Acteal, sería una acción lamentable que dejaría sin castigo a los autores intelectuales de dicho crimen de lesa humanidad, señalaron diversas organizaciones sociales.

Mediante un comunicado, asociaciones como Las Abejas –al cual pertenecían las víctimas de la matanza–, la sección México del Tribunal Permanente de los Pueblos y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, manifestaron su rechazo a la impunidad en la cual podría quedar la participación de Zedillo en el asesinato de 45 hombres, mujeres y niños indígenas, el 22 de diciembre de 1997.

Es particularmente ominosa la señal de impunidad enviada por esta medida de protección de un criminal fugitivo como Zedillo ante el probable retorno al Poder Ejecutivo del partido responsable y encubridor de tantos crímenes durante su régimen, lamentaron los colectivos firmantes, quienes recordaron que la decisión final de Estados Unidos sobre el tema se conocerá este viernes.

Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, indicó en entrevista con La Jornada que aunque las organizaciones cercanas al asunto no apoyan la demanda civil interpuesta contra Zedillo en una corte de Connecticut –estado donde el ex mandatario se desempeña hoy como académico–, sí advierten sobre la necesidad de evitar que éste goce de inmunidad.

El objetivo de esa demanda es obtener 50 millones de dólares de indemnización económica para 10 personas anónimas, más que alcanzar verdad y justicia. No la respaldamos, porque pensamos que sólo utiliza el dolor de las víctimas, pero es preocupante que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya pedido inmunidad para Zedillo al Departamento de Estado, aseveró.

Si el 7 de septiembre el gobierno de Washington la concede, dijo, se consumaría la impunidad para un crimen de Estado, y sería una forma de reconocer que el gobierno mexicano estuvo involucrado en una estrategia contrainsurgente para minar la resistencia civil en Chiapas.

Por otro lado, la solicitud de inmunidad por las autoridades nacionales demuestra que el presidente Felipe Calderón está tratando de obtener la misma protección para sí mismo cuando deje el cargo, y así evitar que prospere la demanda interpuesta contra él, parte de su gabinete y Joaquín El Chapo Guzmán ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

López reiteró la solicitud al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para que en su gira por Estados Unidos difunda el tema, y manifestó que al haberse agotado las instancias legales internas, la alternativa es apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicha instancia analice la matanza y señale a sus responsables.