No hay país en el que se violen más los derechos humanos de los migrantes que en México, concluye una investigación de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), en la cual se advierte que las fuerzas policiacas son las principales transgresoras.

De acuerdo con el estudio, los más afectados por las extorsiones de los agentes son los migrantes de Centroamérica, a quienes los policías mexicanos discriminan “a partir del color de su piel y de sus rasgos indígenas.

Somos campeones mundiales en número de violaciones a las garantías básicas. No hay otro país donde haya habido más muertes de migrantes internacionales que en México. Este triste campeonato global lo hemos ganado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, afirmó Jorge Bustamante, ex relator de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes.

En entrevista, el también fundador del Colef lamentó que México sea la nación donde ocurre el mayor número de atropellos a las garantías básicas de los migrantes en su camino hacia Estados Unidos. El abuso de poder de los policías mexicanos los lleva a extorsionar a los migrantes, enfatizó.

El informe del Colef, realizado a partir de entrevistas con indocumentados en las principales ciudades del norte de México, subraya la corrupción policiaca en detrimento de dichos derechos de los migrantes, lo cual se agravó luego de que el gobierno mexicano no atendió con prontitud ese fenómeno, a pesar de las continuas denuncias de organizaciones civiles y particulares. Advierte que sigue pendiente un gesto de responsabilidad por dicha omisión.

Las evidencias, agrega Bustamante, contradicen el discurso del gobierno mexicano cuando otorga responsabilidad exclusiva al crimen organizado de la violación a los derechos humanos de los indocumentados, ya que si bien está probado que los secuestra, extorsiona y asesina, estos grupos no son los únicos.

Con este discurso exculpa a quienes tienen responsabilidad por parte del Estado mexicano, representado por sus policías, de violentar las garantías básicas. Se trata de oficiales facultados para usar la fuerza, lo cual, de acuerdo con la CNDH, ha sido factor importante en el número de violaciones a los derechos de los migrantes.

Otros investigadores y organizaciones no gubernamentales enfatizan que las extorsiones y maltratos deben tener consecuencias para los responsables, a partir de reconocerlos como factores relevantes en este proceso, el cual desvirtúa el papel para el que fueron contratados.