yer, como saldo de la más reciente masacre de las muchas que ha dejado la violencia delictiva en este sexenio, 16 cuerpos sin vida fueron abandonados en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, cerca de Coyuca de Catalán, Guerrero. Como se ha vuelto exasperantemente usual, los cadáveres estaban amarrados de pies y manos y presentaban heridas de arma de fuego y huellas de tortura. A decir de las autoridades, un mensaje encontrado en el sitio podría indicar que el crimen múltiple fue perpetrado en el contexto de la confrontación entre las organizaciones criminales La Familia y Los caballeros templarios, ambas de origen michoacano. En todo caso, el gobernador guerrerense atribuyó la masacre a un enfrentamiento entre dos grupos de Michoacán.

Mientras el país mira hacia otros lados, prosigue la guerra en que fue sumido por los pleitos entre organizaciones delictivas y por la estrategia de seguridad adoptada e impuesta por la actual administración desde sus inicios; los actos de barbarie como el referido siguen ocurriendo y un sector mayoritario de la sociedad parece haberse insensibilizado y hasta acostumbrado a tales expresiones de violencia. Peor aun, las autoridades federales ya ni siquiera se toman la molestia de aparentar que investigan los hechos –así se trate de evidentes episodios de delincuencia organizada que no corresponden al fuero común– , en tanto las estatales se conforman con desentenderse de los hechos, como fue el caso ayer en Guerrero, esgrimiendo que tanto los autores del crimen como las víctimas son fuereños.

Es alarmante esta suerte de resignación social ante hechos que en cualquier otro contexto conmoverían al país, pero lo es más la generalizada conducta omisa de quienes se encuentran al frente de las instituciones de los distintos niveles de gobierno, por cuanto refiere una situación no de ingobernabilidad, sino de ausencia de voluntad para ejercer el gobierno: a poco menos de tres meses de abandonar el poder, la administración calderonista parece operar únicamente con el propósito de llegar a la transición, pese a que sus obligaciones no concluyen hasta el 30 de noviembre próximo. Tal situación es doblemente inaceptable si se considera que fue el gobierno federal aún en funciones el que alentó, por los motivos que haya sido, la espiral de violencia que asfixia al país.

Durante varios años el propio titular del Ejecutivo federal tergiversó las críticas a su política de seguridad afirmando que se le reprochaba combatir la delincuencia, cuando en realidad las discordancias se han referido a la manera improvisada, errática y promocional de hacerlo. Ahora, sin embargo, ya en la recta final del gobierno calderonista, y cuando diversas regiones del país sufren las consecuencias de sus errores y de sus empecinamientos, la indolencia oficial golpea por su flagrancia. Guste o no, las responsabilidades acumuladas por la autoridad a lo largo de este sexenio, así se trate meramente de responsabilidades políticas por la espiral de violencia, es una marca histórica ya indeleble.