Madrid, 12 de septiembre. La Audiencia Nacional de España dictó este miércoles un auto en el que confirmó la libertad condicional para el preso vasco Josu Uribetxeberria Bolinaga, miembro de la organización armada ETA que se encuentra en fase terminal de cáncer.

Cinco magistrados votaron sobre la decisión adoptada por el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, y resolvieron por cuatro votos a uno respaldar la postura defendida por el magistrado y el propio gobierno del conservador Mariano Rajoy, los que apelaron a razones humanitarias.

El etarra Uribexeberria Bolinaga cumple condena por su pertenencia a ETA y por su participación en diversos atentados durante la década de los años 90, entre ellos el secuestro del funcionario de prisiones José Ortega Lara.

Preso desde 1995, se le detectó la grave enfermedad hace varios años, pero su deterioro ha sido evidente en los últimos dos años, en los que se ha transplantado un riñón y la enfermedad se ha propagado al resto de órganos, generando una metástasis irreversible.

Al menos este es el diagnóstico del grupo de médicos, oncólogos y cirujanos que lo atendieron en el Hospital Donosti, que fue el que prevaleció para el magistrado y para el resto de los jueces de la Audiencia Nacional.

El único informe contrario a la liberación del preso enfermo lo firmó una forense de la Audiencia Nacional, que concluyó que Uribetxeberria Bolinaga ni estaba en fase terminal ni necesitaba permanecer en el hospital para seguir viviendo, al recomendar su traslado a prisión y negar la libertad condicional del prisionero.

La tesis contraria a la liberación que solamente fue avalada por la fiscalía, del conservador Pedro Robira, quien mantuvo hasta hoy mismo sus reticencias a una eventual libertad de Uribetxeberria.

Esta decisión es inmediata, con lo que el enfermo podrá salir del hospital si así lo quisiera, pero dada su grave enfermedad no se lo permitirán los médicos, que aconsejaron su internamiento.

La decisión de la justicia española fue recibida con abrazos entre las personas que se encontraban concentradas a las puertas del hospital y los familiares del enfermo.

En contraste, la Asociación de Víctimas del Terrorismo tildó de humillación el fallo e incluso anunció movilizaciones para denunciar lo que consideran una traición a las víctimas, tanto por parte del gobierno de Mariano Rajoy como de la justicia española.