l último informe de gobierno de Marcelo Ebrard da pie a una revisión de lo logrado hasta ahora en la capital del país en los pasados seis años, así como de las tareas pendientes y de las decisiones equivocadas. En primer lugar, en el Distrito Federal la izquierda gobernante refrendó abrumadoramente, en los comicios pasados, el respaldo ciudadano a tres lustros de gobiernos progresistas y con orientación social que, guste o no, han colocado a la entidad a la vanguardia del país y la han vuelto excepción en el entorno nacional, desgarrado por la violencia, la falta de políticas sociales y el poder patrimonialista.
A los avances en materia de bienestar social de la administración anterior se suma, en ésta, una notable ampliación de las libertades y los derechos, particularmente por lo que hace a los de género y reproductivos. La despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo son los principales logros. Por añadidura, la política social que heredó la administración de Ebrard ha sido preservada y ampliada, y ello ha permitido mantener un avance constante en los índices de desarrollo humano.
Saldo positivo no menor es que el Distrito Federal ha podido mantener relativamente a raya a la delincuencia organizada. Hasta ahora, en el espacio capitalino, los enfrentamientos y los combates han sido excepción y no norma cotidiana, como ocurre por desgracia en otras entidades. Ello no sólo denota una mayor eficacia policial, sino también confirma la pertinencia de atacar a la criminalidad desde sus raíces mediante una política social resuelta y definida.
El ciclo de gobiernos progresistas en el Distrito Federal ha debido enfrentar la hostilidad y el acoso de dos administraciones federales –la de Vicente Fox y la de Felipe Calderón– contra la ciudad y sus gobernantes. La animadversión de los gobiernos panistas y del Legislativo dominado por Acción Nacional y por el Revolucionario Institucional se ha manifestado en diversos ámbitos: el manejo malintencionado de los recursos hídricos por la Comisión Nacional del Agua, el golpe que significó para el valle de México la súbita eliminación de Luz y Fuerza del Centro y el constante golpeteo presupuestal y legislativo que ha impedido al Distrito Federal disponer de los presupuestos y del marco jurídico adecuados para su desarrollo.
Por añadidura, la urbe sigue llevando a cuestas el peso de su propio gigantismo y ello se expresa en fenómenos de contaminación, inseguridad, transporte y tránsito vehicular que no han podido ser resueltos. Especialmente preocupante es la inoperancia del transporte y de la vialidad, que cobra a los defeños un desmesurado impuesto en tiempo y vida, y que no ha sido solucionada con la ampliación del Metro, los corredores cero emisiones
, el impulso al ciclismo, el desarrollo del Metrobús y la obra vial acumulada de dos sexenios, que es mucha.
En este punto resulta preocupante y lamentable el giro privatizador introducido por el gobierno de Ebrard en la construcción de vialidades. A diferencia de lo hecho en la administración anterior, que construyó obras de gran importancia y de uso gratuito, la actual optó por entregar grandes tramos de espacio público a una explotación concesionada y de paga, lo que implica sacrificar el interés público a intereses privados. Se distorsiona, con ello, el sentido social del proyecto gobernante en la ciudad de México. Cabe esperar que el nuevo gobierno sea capaz de restaurar en este punto, por convicción propia o por la presión social, la coherencia y la continuidad del proyecto político que se ha sostenido durante 15 años en el Distrito Federal.
