Buenos Aires, 18 de septiembre. Los abogados de los familiares de 16 prisioneros políticos fusilados en la base Zar de la marina en Trelew, provincia de Chubut, el 22 de agosto de 1972 en el sur de Argentina, solicitaron prisión perpetua para los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, en el juicio que se realiza en los tribunales federales de Comodoro Rivadavia.

También se solicitó dos años de prisión para el ex juez Jorge Bautista, acusado de encubrimiento, y la apertura de una investigación contra el médico Lisandro Iván Lois, quien encubrió los crímenes. Se pidió de nuevo la extradición del ex marino Roberto Bravo, uno de los principales responsables de esa matanza, quien vive en Miami y que anteriormente negó ese país.

Bravo colabora con la inteligencia estadunidense, tiene amigos poderosos en ese país y es uno de los mayores responsables de los que dispararon contra los prisioneros, desnudos e indefensos, entre ellos una mujer embarazada.

En realidad ametrallaron a 19 prisioneros, para rematarlos luego con un tiro de gracia. Tres de ellos sobrevivieron cuando los enfermeros que debían enviarlos a la morgue se dieron cuenta que estaban vivos y los llevaron a un hospital.

Los sobrevivientes María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps, que junto con el resto de militantes habían preparado una fuga de la cárcel de Rawson, quedaron con graves lesiones y lograron reconstruir la historia, que dejaron como testimonio.

Durante la dictadura iniciada en 1976 los tres fueron secuestrados y desaparecidos, pero su testimonio ante la justicia en 1973 sirvió como una de las pruebas contundentes a la que se agregaron otras.

Para los responsables de los asesinatos, Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio del Real y Carlos Marandino (además de Bravo), se pide cadena perpetua.

Entre las víctimas figuran varios dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, como Ana Villarreal de Santucho, embarazada y esposa de Roberto Santucho, dirigente máximo de la organización, José Enrique Mena y Mariano Pujadas; Susana Lesgart y María Angélica Sabelli, de Montoneros; Carlos Alberto Astudillo y Clarisa Rosa Laplace, de Fuerzas Armadas Revolucionarias, y otros militantes de estas agrupaciones.

La masacre de Trelew fue un hito en el plan clandestino de represión que alcanzó su máxima intensidad en la última dictadura de 1976-1983. Una semana antes de ese trágico 22 de agosto, 25 detenidos intentaron una fuga del penal de Rawson, la capital de Chubut. Seis de ellos, máximos dirigentes, pudieron huir en un avión a Chile, pero el resto no alcanzó a llegar a tiempo y fue capturado por los militares y llevados a la base.

En momentos en que estos juicios se realizan, el periodista Horacio Verbitsky denunció en Página 12 que tres especialistas estadunidenses en seguridad nacional, guerra no convencional y operaciones de información comenzarán un curso para el personal del Ministerio de Defensa, lo que creó una serie de reacciones negativas aquí.

El curso sobre lineamientos estratégicos del Programa Expandido de Educación y Entrenamiento Militar de la Defense, Security Cooperation Agency de Estados Unidos, destinado a países donde esto “provoque mucha susceptibilidad “como es el caso argentino, sorprendió a todos.

En tiempos en que la abogada Nilda Garré estuvo como titular de esa cartera, los cursos dieron un giro de 180 grados de lo que fue la anterior formación militar. Incluso suspendió el envío de nuevos oficiales a la Escuela de las Américas, entre otros cambios. Después de la última dictadura las leyes locales de defensa nacional y seguridad interior e inteligencia nacional están separadas y este tipo de cursos procura precisamente unirlas, lo que sería inconstitucional aquí y además es fuertemente rechazado.

Además en estos cursos se menciona la necesidad de involucrar a las fuerzas armadas en la lucha antidrogas, antiterroristas y en el control de los conflictos internos (el enemigo interno, como la Doctrina de Seguridad Nacional estadunidense que aplicó a sangre y fuego la dictadura militar).

En nuevas entregas, Verbistky acusa al actual ministro de Defensa Arturo Puricelli, quien no habría informado sobre el historial de alguno de los tres enviados, el brigadier mayor retirado Richard Goetze (veterano de Vietnam), la coronela de la fuerza aérea Anne McGee (coordinadora de las órdenes de despliegue en apoyo a operaciones en Afganistán e Irak) y Thomas C. Bruneau (profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en la Escuela Naval de posgrado), lo que causó gran revuelo aquí.