a esperada reunión entre los presidentes del gobierno español, Mariano Rajoy, y de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, celebrada ayer en Madrid, se saldó con una negativa del primero a la demanda de mayor autodeterminación fiscal de las autoridades catalanas, calificada por el actual ocupante de La Moncloa como incompatible con la Constitución española.

Cabe recordar que los recortes presupuestales draconianos ordenados por Rajoy para hacer frente a la actual crisis en esa nación europea han tenido un impacto particularmente agudo en comunidades autonómicas como Cataluña y el País Vasco, en la medida en que obligan a sus autoridades a aplicar los preceptos antipopulares de Madrid y ponen en entredicho su grado de autonomía real. En el caso concreto de Cataluña, dicha situación no sólo ha atizado el desempleo y la crispación social, sino que ha alentado un rebrote de la vieja demanda de que esa región se constituya en un Estado independiente, como quedó demostrado con las multitudinarias manifestaciones en ese sentido realizadas la semana pasada en Barcelona.

En ese contexto, la discusión de un ensanchamiento de las potestades fiscales de la Generalitat habría podido ser vista por La Moncloa como una oportunidad de enviar a la población catalana una señal de distensión y de buena voluntad, y evitar un frente adicional de descontento social y político en una España sobrada de tales elementos. En cambio, el alegato centralista formulado ayer por Rajoy, y su negativa a discutir siquiera el pacto fiscal catalán por no ser compatible con la Constitución, no sólo denota una incapacidad lamentable para generar consensos, también es indicativa del carácter obsoleto de la institucionalidad emanada de la transición española, y en particular del texto constitucional de 1978, el cual, según puede verse, padece de una falta de sintonía no sólo con los principios democráticos que reclaman las nacionalidades integradas al Estado español, sino también con las exigencias económicas y financieras planteadas por la actual coyuntura europea.

La misma inoperancia de la institucionalidad posfranquista ante la situación social, política y económica de la España contemporánea puede apreciarse en la postura de la corona española frente a las reivindicaciones catalanas: el pasado martes, en una carta abierta, Juan Carlos de Borbón deploró la perspectiva de un Estado catalán independiente y acusó a quienes respaldan esa idea de dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras y ahondar heridas.

Con tal actitud, el rey alimentó el rechazo mayoritario de la población catalana hacia la monarquía y alentó de paso el descrédito actual de La Zarzuela frente al conjunto de la población ibérica.

La situación descrita da cuenta, en suma, de la necesidad de una reconfiguración en la convivencia institucional de los pueblos de la península ibérica que permita superar el modelo de gobierno centralizado y antidemocrático que emana de la Constitución vigente, el cual ha terminado por parecerse al lema España una, grande y libre de la dictadura franquista.