La secretaría general de la Cámara de Diputados dio trámite a la demanda de juicio político en contra del consejero presidente Leonardo Valdés Zurita; del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo y de los ocho consejeros restantes del Instituto Federal Electoral (IFE), por su actuación irresponsable, ilegal y a todas luces violatoria de su función constitucional durante el proceso electoral 2011-2012, y las omisiones en que incurrieron como encargados de organizar las elecciones federales para impedir la recurrente y sistemática violación a las condiciones de equidad en la contienda.

Ricardo Monreal, Alfonso Durazo, Ricardo Mejía y José Soto, integrantes del partido Movimiento Ciudadano, entregaron la denuncia a Fernando Serrano Migallón, secretario general del órgano legislativo.

En el texto se indica que también fueron transgredidos los principios rectores de la función electoral por parte de los partidos políticos, candidatos, algunos medios masivos de comunicación, diversos servidores públicos y particulares claramente identificados.

Los señalamientos contra el Consejo General del IFE y el secretario ejecutivo se sustentan en el hecho de que la coalición Compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), promovieron a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, mediante un sinfín de actos y acciones que devinieron en flagrantes ataques a la libertad de sufragio, mediante la compra y la cooptación y coacción del voto.

No obstante, se considera en el documento, la actitud cínica, indolente, parcial y encubridora de los altos funcionarios del IFE, que constituyó el complemento necesario para garantizar el éxito de los subterfugios y tropelías del candidato por la coalición Compromiso por México y de los partidos que constituían la misma. La actitud de los altos funcionarios del IFE, la cual no se ajustó a los principios de equidad, certeza, imparcialidad y legalidad, se tradujo en que las recientes elecciones no fueran libres ni auténticas.

Por otra parte, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al presidente de la República a investigar a fondo el ataque perpetrado por integrantes de la Policía Federal contra dos miembros de la Agencia Central de Inteligencia y un capitán de la Marina en un tramo de la carretera Tres Marías-México, en el estado de Morelos.

La propuesta advierte que urge el fortalecimiento estructural y presupuestal de la Procuraduría General de la República, “que ha sido objeto de un desmantelamiento endémico, especialmente durante esta sexenio, situación que esta soberanía debe atender de manera urgente si queremos garantizar que los índices de impunidad –que hoy son de 98 por ciento– se vean disminuidos”.

Así, frente a las especulaciones en torno a la presencia de los dos agentes extranjeros en suelo mexicano, se requiere de una evaluación a fondo por parte del Ministerio Público Federal. De tal forma que en el segundo apartado del punto de acuerdo se solicita a la procuradora, Marisela Morales, ejercite en el momento oportuno la acción penal contra los probables responsables de la comisión de algún delito en torno al caso de Tres Marías.