El martes próximo el Movimiento Progresista, representado en la Cámara de Diputados, entregará en la Junta de Coordinación Política la propuesta –firmada por más de 125 legisladores– para crear la comisión de investigación y seguimiento relativo al caso del grupo financiero Monex.

Por iniciativa del representante perredista Roberto López Suárez, la comisión tendrá por objetivo investigar y dar seguimiento puntual a todo lo relacionado con el grupo financiero Monex.

El grupo de trabajo se integrará por legisladores de todas las representaciones parlamentarias de acuerdo con los criterios de equidad y proporcionalidad, y será vigente desde la fecha de su creación hasta el mes de agosto de 2015.

Los argumentos de la propuesta indican que la coalición Movimiento Progresista y el Partido Acción Nacional denunciaron en todo momento las probables irregularidades del financiamiento en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

En la denuncia se plantea la existencia de dos empresas: grupo comercial Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra. Ambas forman parte de un complejo entramado financiero usado para triangular recursos mediante la utilización de tarjetas bancarias de la empresa Sí vale, propiedad del banco Monex.

Tanto el Movimiento Progresista como el PAN refieren que días previos a la elección federal del primero de julio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió recursos de las dos empresas citadas, y éstos los depositaron en Monex, que a su vez emitió tarjetas prepagadas Sí vale, como consta en las denuncias presentadas ante el IFE.

Tales argumentos fueron presentados ante el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con las pruebas correspondientes, respetando los lineamientos y plazos establecidos en la ley.

Roberto López expuso en entrevista que es necesario conocer los lineamientos en que enmarcan su actuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con objeto de garantizar que los recursos fueron utilizados con fines electorales.

Las interrogantes que surgieron en torno al proceso del manejo de recursos públicos apuntan al IFE, instancia que deberá explicar qué consideraciones utilizó para estudiar con detenimiento las denuncias presentadas por el Movimiento Progresista y el PAN. También por qué la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obvió sobre informar de las finanzas y deuda de los estados de la República, para corroborar que el dinero de los contribuyentes no estuviera siendo utilizado con sesgos electorales. Así también por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha negado a informar si Monex y sus dueños se encuentran bajo investigación.