Al igual que en la operación con la petrolera española Repsol, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, no informó al consejo de administración de la paraestatal sobre el contrato para la construcción de dos buques hotel en astilleros de Galicia, en España, acuerdo que involucra recursos públicos por alrededor de 380 millones de dólares.

Dos integrantes del consejo de administración de Pemex confirmaron a La Jornada que ni siquiera el Comité de Estrategias e Inversiones, presidido por el consejero Héctor Moreira Rodríguez, encargado de evaluar los proyectos de inversión más relevantes, tuvo conocimiento de esta operación millonaria.

Nuevamente nos enteramos por medio del periódico de operaciones cuantiosas que la administración de Pemex está haciendo a espaldas del principal órgano de gobierno corporativo de la petrolera mexicana, dijo uno de los integrantes del consejo de administración.

El viernes de esta semana La Jornada dio cuenta de la contratación de dos astilleros gallegos, Navantia de Ferrol y Barreras de Vigo, para la construcción de dos hoteles flotantes, que involucra un desembolso de unos 380 millones de dólares para la paraestatal. El contrato, además de salvar de la inminente ruina a las compañías españolas –que no firmaban ningún contrato desde hace cinco años–, dará empleo a unos 3 mil trabajadores durante los próximos 30 meses.

La operación se firmó sin haber realizado una licitación pública internacional para el concurso de participantes (nacionales y extranjeros); se desconoce el origen de los recursos porque no se sabe si se financiará a través de recursos presupuestarios o contratación de deuda o dinero en caja de Pemex; los funcionarios que autorizaron esta operación prácticamente terminan su gestión y se van dejando recursos comprometidos, entre otros.

Además, por el monto de la inversión esta operación debería de haber pasado por la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Comité de Estrategias e Inversiones de Pemex, así como fijar la obligación a los fabricantes para incorporar un porcentaje de contenido nacional, por lo que a todas luces va en contra de la planta industrial de México, tomando en consideración que la industria naval es altamente multiplicadora en otras ramas económicas.

Adicionalmente, esta operación no es estratégica ni sustantiva para las actividades principales de Pemex, que son la exploración y extracción de crudo, la cual ha ido decayendo durante los pasados 12 años.

Especialistas en la industria naval consideraron que previamente se debió de realizar un estudio que determinará la capacidad total real de los astilleros mexicanos para construir embarcaciones, además de generar un nuevo marco de incentivos fiscales que le permita a los constructores, armadores y reparadores deducir impuestos como en otros países.

En recientes declaraciones a la prensa, el presidente del Colegio de Ingenieros Navales, Raúl Rocha aseveró: El acuerdo firmado con astilleros gallegos permitirá que se pierdan cerca de 5 mil empleos que se pudieron haber generado en el país.

Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de Canacintra, comentó a este diario que la contratación de dos empresas españolas por Pemex para la construcción de los buques hotel, contrasta con la situación por la que atraviesa la industria naval mexicana, la cual está supeditada a decisiones de gobierno, que aunado a la crisis económica han llevado a este sector a casi la extinción.

“Es algo que para la industria nacional es inaceptable porque este es un caso típico de cómo se desplaza la ingeniería mexicana y a los equipos hechos con calidad en el país, y están haciendo a un lado el contenido nacional y no se generan empleos en México. Este tipo de acciones con las desgravaciones arancelarias que hace el gobierno federal han provocado mayor desempleo. Solamente de julio de 2007 a agosto de 2012 el número de desempleados ha aumentado en un millón 100 mil personas.

Esta operación se suma a la ampliamente cuestionada transacción financiera realizada el pasado 29 de agosto de 2011 en la que Pemex entró a capitalizar a la petrolera española Repsol al aumentar su participación accionaria de 4.8 a 9.8 por ciento, que involucró un desembolso de al menos unos mil 600 millones de dólares, entre deuda y recursos de caja de Pemex, sin que el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, enterara al consejo de administración de Pemex.

Los funcionarios de Pemex ya encontraron el caminito y a mí me parece que esto es otro repsolazo, por lo que el Congreso de la Unión debe demandar una investigación a fondo porque involucra recursos públicos de todos los mexicanos, aseguró uno de los consejeros de la paraestatal.