La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, negó haber afirmado que autoridades del Gobierno del Distrito Federal estuvieran infiltradas por la delincuencia organizada por el caso de la camionetas con el logotipo de la empresa Televisa que fueron aseguradas en Nicaragua al encontrarse en su interior 9.2 millones de dólares, motivo por el cual fueron detenidas 18 personas.

Entrevistada luego de inaugurar un foro de combate a la fabricación de drogas sintéticas, aclaró que se investigan presuntas irregularidades en las que puede haber desde responsabilidades administrativas hasta penales. Puede ser un acto de corrupción u otro tipo de conducta, dijo, tras destacar el trabajo de colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

De su lado, el titular de la PGJDF, Jesús Rodríguez Almeida, señaló que no hay elementos que puedan vincular con el crimen organizado a los servidores públicos relacionados con diversos trámites de registro de los seis automotores.

En conferencia de prensa, manifestó que de existir responsabilidad penal sería de funcionarios de los módulos de control vehicular adscritos a distintas delegaciones.

A pregunta expresa sobre si como parte de la indagatoria se llamaría a declarar al titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, Armando Quintero, el procurador respondió que cualquier persona que nosotros consideremos tenga que declarar, lo vamos a hacer

En tanto, Quintero envió un oficio a los jefes delegacionales de Iztacalco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan en los que solicita notificar a los seis servidores públicos involucrados en la tramitación y expedición de registros de alta y baja de las seis camionetas que comparezcan este jueves en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la PGR.

El jefe delegacional de Iztacalco, Francisco Sánchez Cervantes, deslindó a su administración de cualquier vínculo relacionado con organizaciones delictivas. Señaló que desde el pasado jueves se inició un análisis de los documentos de tres de las camionetas que registraron baja y alta en el módulo de expedición de licencias de la delegación, además de que María Cristina Basurto Camarillo y Martín Zarate Pérez ya se presentaron a declarar y son empleados de base con antigüedad de 12 y 28 años, respectivamente.

En torno a la investigación de la PGR por estos hechos, Marisela Morales informó que el gobierno mexicano envió a funcionarios a colaborar con las autoridades de Nicaragua para avanzar en la investigación por el aseguramiento de las camionetas.

Indicó que el gobierno federal no ha determinado a qué organización criminal pertenecen los 18 detenidos en suelo nicaraguense, al tiempo que, añadió, también se ha entablado contacto con el gobierno de Costa Rica, nación que tiene registrada decenas de cruces de los detenidos y las camionetas en sus fronteras.

Mientras, las autoridades de Nicaragua solicitarán a México información para precisar que los detenidos son en realidad ciudadanos de México, según informó la agencia de noticias Afp, para el juicio que se les abrirá el próximo 3 de diciembre por lavado de dinero y narcotráfico.

Hasta el momento no tenemos oficialmente ningún documento que certifique el origen de los detenidos, si están ligados a un cártel de drogas y si los vehículos donde viajaban pertenecen a Televisa, manifestó la fiscal Julio Guido.