Madrid, 25 de septiembre. Decenas de miles de personas cercaron durante más de tres horas el Congreso de los Diputados de España al grito de ¡dimisión! y ¡no es una crisis, es una estafa! La convocatoria ciudadana reunió a una multitud de indignados procedentes de todo el país, hartos de los recortes, de la corrupción política y del deterioro de la democracia.

La respuesta del gobierno conservador de Mariano Rajoy –de viaje en Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas– fue la más violenta actuación policial de los últimos años: más de mil 500 agentes arremetieron con macanas y balas de goma contra los manifestantes, con saldo provisional de 23 detenidos y 32 heridos, 16 graves. Entre ellos se encuentra un hombre que sufrió una lesión medular por los golpes de los policías y podría quedar con parálisis severa.

Repudio a la corrupción de la clase política

En torno a la plataforma Rodea el Congreso, decenas de miles de personas protagonizaron una jornada de activismo político inédita hasta ahora en este país: su objetivo era denunciar el deterioro de una democracia que se limita a depositar un voto cada cuatro años y que no responde ni a las exigencias ni a las necesidades de la población. Además de repudiar la corrupción de la mayor parte de la clase política, a la que señalan como principal responsable de las consecuencias de la crisis en el estado del bienestar y la pérdida de derechos sociales básicos.

La protesta es una continuación de la revolución de los indignados, pero –si cabe– con una dosis mayor de hartazgo y malestar hacia el gobierno y hacia los empresarios y banqueros. La situación del país es un reflejo del grado de hastío de la sociedad: un desempleo alarmante que afecta a 24.5 por ciento de la población económicamente activa, lo que representa más de 5 millones 600 mil personas. El aumento de la pobreza afecta a 23 por ciento de la población con incrementos en alimentos básicos, material escolar, gasolina, vivienda y hasta en el cine y el teatro.

La convocatoria ciudadana logró éxito pese a las arremetidas del gobierno, que tildó a los representantes de la plataforma y a los grupos que los apoyan de nazis, golpistas, gente extremadamente violenta y hasta los compararon con los guardias civiles y militares que el 23 de febrero de 1981 intentaron llevar a cabo el último golpe de Estado en la historia de este país. Las autoridades insultaron con una retahíla de definiciones a las diversas y numerosas organizaciones –la mayoría de izquierdas, pero muchas sin ideología determinada– que apoyaron la iniciativa.

Al grito de si no hay solución habrá revolución o le llaman democracia y no lo es, los manifestantes se dispersaron poco a poco en las inmediaciones del Parlamento, protegido con el dispositivo de la Policía Nacional, ordenado por el Ministerio del Interior.

Durante la protesta se respiraba la tensión y el hartazgo, pues mientras los ciudadanos gritaban consignas del tipo esto nos pasa por un gobierno facha, no es democracia, es una mafia o policía, hija de Franco; los agentes desplegados estaban cada vez más nerviosos y esperando órdenes para actuar, pues recibieron la instrucción de actuar sin contemplaciones. Así lo reconoció el secretario general del Sindicato Unificado de Policías, José Manuel Sánchez Fornet, quien aseguró que les ordenaron dar leña y punto.

Y así lo hicieron. Con cargas puntuales y en extremo violentas, los policías aterrorizaron a los manifestantes entre los que había niños, bebés, ancianos y jóvenes. Familias enteras que querían expresar su rechazo al funcionamiento de la democracia y que se encontraron con un dispositivo policial tan violento que los agentes no distinguían edades ni profesiones. Lo mismo golpeaban a periodistas que empujaban a diputados de izquierda y dejaban jubilados ensangrentados a su paso.

El saldo provisional es uno de los más graves que se hayan registrado en las últimas décadas, sólo comparable a la represión que llevó a cabo el gobierno del derechista José María Aznar en los últimos años en el poder, cuando cientos de miles marcharon en las calles para rechazar la participación de España en la guerra de ocupación de Irak. Desde entonces la policía no había agredido ni herido a tantos ciudadanos en una sola jornada: 32 personas, de las cuales 16 fueron hospitalizadas, entre ellas dos periodistas –uno que recibió en la cara el impacto de una bala de goma– y un ciudadano que, según el parte médico, tendría una lesión medular que le podría dejar tetraplégico.

Además se informó de la detención de 23 personas, que previsiblemente serán acusadas de atentado a la autoridad, un delito que con la última reforma al Código Penal se castiga con una condena mínima de un año de cárcel y en la que también se incluyen recursos de la protesta cívica como la resistencia pasiva o el convocar por twitter y otras redes sociales a una manifestación.

Durante un par de horas el centro de Madrid parecía en situación de guerra. El estruendo de los rifles de bala de goma era continuo, al tiempo que los manifestantes corrían, se protegían y alzaban las manos mientras gritaban: estas son nuestras armas o se escondían detrás de los árboles o de los edificios.

La mayoría de los manifestantes tenían una vocación pacífica, salvo un grupo reducido de jóvenes anarquistas que en un momento de la marcha se cubrieron el rostro con paliacates e intentaron enfrentarse a la policía. Pero los propios manifestantes, con los brazos en alto y gritando no a la violencia, lo impidieron.

Alrededor de las 11 de la noche la mayoría de manifestantes ya se había dispersado y sólo se quedó un grupo más reducido, pero muy compacto, que llevó a cabo un plantón en el Paseo del Prado, en la glorieta de Neptuno.

Durante la manifestación y la represión los diputados españoles llevaron a cabo una sesión ordinaria. Incluso algunos, con sonrisa de oreja a oreja, posaron y se tomaron fotografías delante de un furgón policial y del dispositivo de agentes antidisturbios, como lo hicieron el conservador Vicente Martínez Pujalte, y el catalán de Convergencia i Unió, Ignacio Josep Sánchez Llibre.

El vocero del gobernante Partido Popular, Carlos Floriano, arremetió de nuevo contra los manifestantes, a los que su partido vinculó falsamente a la extrema derecha: nos preocupó más el 15-M, porque los de hoy no se sabe si quieren acabar con la democracia representativa.

La plataforma que convocó la protesta siempre se desvinculó de cualquier intento de golpe de Estado y explicó en un comunicado que su iniciativa era pacífica y la toma del Parlamento era algo simbólico: el momento que nos toca vivir es de tal gravedad que se hace imprescindible que el pueblo se levante para recuperar la soberanía. Ante todo queremos señalar que se trata de una propuesta pacífica; consideramos como legítima defensa la actuación de un pueblo que reclama sus derechos y se defiende de la atroz violencia que ejerce el Estado sobre él, a través de la pérdida de condiciones de vida dignas y de las fuerzas de seguridad.