a disputa que los integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo mantienen desde hace años contra la Comisión Nacional del Agua y su similar en el estado, por la construcción de la presa El Zapotillo, adquirió nuevas dimensiones en los últimos días. La razón de la oposición de los integrantes de dicho comité a que la obra se construya es fundamentalmente que con ella se violan sus derechos de existencia, desarrollo y vida digna, sólo para favorecer a una parte del sector empresarial del estado de Guanajuato, perjudicando incluso a los habitantes del estado de Jalisco. En esta lucha, donde han combinado la defensa jurídica con la movilización política y la denuncia social, han tenido avances importantes, como los amparos de los tribunales federales reconociendo la razón de sus reclamos, pero también el administrativo del estado, a los que hay que unir las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Si en México existiera estado de derecho y las sentencias de tribunales se acataran, la presa El Zapotillo y la edificación de las construcciones donde el gobierno estatal pretende reubicar a los afectados por ella estuvieran suspendidas, si no es que canceladas; pero desgraciadamente no es así, porque pesan más los intereses políticos que operan para que la obra se lleve a cabo, contraviniendo incluso el sistema jurídico mexicano. La lucha ha sido desigual: un pueblo contra los poderes ejecutivos federal y del estado de Jalisco, donde los primeros han demostrado su razón jurídica, social y humanitaria, y los segundos han exhibido su voluntad de llevar a cabo la obra pasando por cualquier obstáculo que se oponga en su camino, sin importar cuál sea.

Pero las cosas comienzan a cambiar. En julio pasado el ayuntamiento del municipio de Cañadas de Obregón decidió colocarse del lado de los pobladores inconformes y promovió una controversia constitucional contra el Presidente de la República, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el titular de la Comisión Nacional del Agua y el gobernador del estado de Jalisco, alegando que ellos no autorizaron el cambio de uso del suelo para la construcción de la obra, siendo que es su facultad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda y, aunque no concedió la suspensión de los actos impugnados, la última palabra no está dicha, pues falta conocer su determinación al resolver el fondo de la litis planteada.

A esta controversia se agrega la presentada el día 7 de este mes por el Congreso del estado de Jalisco contra el Poder Ejecutivo federal, así como los poderes ejecutivos de los estados de Jalisco y Guanajuato, demandando la nulidad del convenio de coordinación que celebraron entre ellos, en octubre de 2007, para la construcción y operación de la presa El Zapotillo, alegando que con él se restringe el derecho al volumen de agua que el estado de Jalisco tiene asignado, no se respetó la altura de 80 metros para la cortina de la presa, como se proyectó originalmente, y el gobernador se extralimitó en sus facultades al no solicitar autorización del Congreso local para signar un convenio que compromete el patrimonio del estado y además trasciende el periodo de su gobierno. En dicha controversia, el Congreso de Jalisco señaló como terceros perjudicados a los 14 municipios jaliscienses que recibirán agua del río Verde, para que sean considerados como partes en el juicio y aleguen lo que a su derecho convenga.

Con las dos controversias señaladas, el conflicto por la construcción de la presa El Zapotillo adquiere dimensiones que no tenía. De ser una lucha de un pueblo en defensa de sus derechos sociales pasa a ser un conflicto entre poderes por el reparto del agua. Los resultados de ellas, como de los juicios entablados por los afectados que se encuentran pendientes de resolver, finalmente podrían tener como resultado que los afectados vean reparados sus derechos violados, aunque no fuera por la vía que ellos pensaron, pero para ellos la forma es lo que menos interesa. No puede pasar por alto que detrás de la decisión del municipio demandante, así como del Congreso del estado para hacerlo, pueden existir disputas con los grupos que esperan beneficiarse con la construcción de la presa El Zapotillo; pero aquí lo importante es que con su demanda dan la razón a los integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Y eso coloca la lucha contra la presa El Zapotillo en otro escenario.