icen los promotores de la (contra) reforma laboral que su aprobación es urgente, ante la impostergable necesidad de adecuar la Ley Federal del Trabajo a nuestra realidad. Bien, qué bueno que recuerden su existencia, porque a poco más de cuatro décadas de vigencia tal ordenamiento ha sido sistemáticamente violado por patrones y gobierno (aunque en estos menesteres las dos administraciones panistas se llevan la palma), de tal suerte que para ellos modernizar no es más que legalizar esas prácticas y llevarlas mucho más allá, aunque sea contrario al espíritu constitucional y a los intereses de los trabajadores, que forman la mayoría nacional.

Pero patrones y gobierno deberán estar orgullosos, porque dicha transgresión no la han limitado a la ley que ahora pretenden modernizar. Por la misma entrepierna se han pasado todas las normas laborales existentes: desde la obligación de inscribir en el IMSS al total de sus trabajadores (a estas alturas sólo uno de cada tres), con el salario que realmente pagan (suelen registrarlos con menor ingreso), y cubrir íntegramente las cuotas respectivas (que evaden con frenesí), hasta las más elementales medidas de seguridad e higiene laboral (recuérdese Pasta de Conchos o la ABC), sin olvidar las del Infonavit y a la Constitución misma, en su capítulo relativo al salario mínimo, cuando menos. De hecho nadie sabe de qué se quejan, pues con tales violaciones sus utilidades han crecido velozmente, a la par de la precarización del empleo y la pobreza de los mexicanos. Y todavía quieren que los trabajadores les den las gracias, porque según ellos todo es en su beneficio (de ser así, entonces por qué San Lázaro está rodeado por miles de ellos que protestan, ¡sorpresa!, contra la citada modernización).

Si a lo largo de cuatro décadas los patrones, en connivencia con el gobierno, han hecho lo que se les ha pegado la gana con la obsoleta Ley Federal del Trabajo (cuyo arcaísmo, en todo caso, es responsabilidad del Congreso, no de los trabajadores), entonces habrá que imaginar hasta dónde llegarán con una reforma laboral expedita, moderna y a modo. Lo mejor del caso es que sus promotores exigen a los mexicanos que les den las gracias, porque ellos serán los ganones. Por ejemplo, uno de los beneficios, según dicen, es que podrán contratarse por hora. ¿A cómo la hora?: siete pesos con 50 centavos, antes de modernizarse la legislación vigente; después habrá que esperar una paga menor. Ni para el Metro, y en eso de la seguridad social la solución es sencilla: que no se enfermen.

De la mano, patrones y gobierno sistemáticamente violan la Constitución y la ley laboral. Ordena la primera que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos; los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Pues bien, en términos nominales el salario mínimo promedio nacional es de 60 pesos, en números cerrados, y en términos reales de 10 pesos, de acuerdo con la información de la mismísima Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es decir, la institución encargada, por ley, de atender el citado ordenamiento constitucional y vigilar que nadie lo incumpla.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, en sus 95 años de vigencia el artículo 123 constitucional ha sido reformado en 23 ocasiones (ocho de ellas, 35 por ciento del total, en tiempos del neoliberalismo a la mexicana): la primera (6 de septiembre de 1929) durante el mandato de Emilio Portes Gil; la más reciente (24 de agosto de 2009), con Felipe Calderón como inquilino de Los Pinos. Una de las modificaciones (14 de febrero de 1972, creación de Infonavit) obligaba a todas las empresas a realizar aportaciones económicas a un fondo nacional de vivienda para que los trabajadores obtuvieran créditos baratos y suficientes para adquirir vivienda digna. A estas alturas, e independientemente de las cajas de cerillo que se construyen como vivienda de interés social, México registra un déficit mayor a 8 millones de viviendas. ¿Qué falló? Pues que, entre otros factores, un número creciente de empleadores, con la venia gubernamental y mucho antes de la moderna reforma laboral, se pasó por el arco del triunfo la ley respectiva.

A estas alturas, apenas uno de cada cuatro empleadores está registrado en el IMSS: alrededor de 800 mil, de un universo reconocido de 3 millones. Oficialmente, la población ocupada en el país sobrepasa los 48 millones de mexicanos; de este total sólo 33 por ciento está inscrito en el Seguro Social; el 64 por ciento restante se rasca como puede. La ley obliga a los patrones a las dos cosas: darse de alta en la citada institución y registrar a sus trabajadores. ¿Qué falló? Lo mismo que con el Infonavit, y los salarios mínimos, y la seguridad e higiene en el trabajo, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes han sido los ganones de la obsoleta ley, incluida la Federal del Trabajo, que ahora se quejan de falta de modernidad?

De cualquier suerte, la moderna reforma laboral generaría cualquier cosa menos crecimiento y el empleo formal que requiere el país: apenas de 150 a 200 mil anuales inscritos en el IMSS, de acuerdo con el Centro de Investigación en Economía y Negocios. Los demás, a la informalidad, la cual, de por sí, es abundante: casi 15 millones sobreviven en ese sector, y contando. Por si fuera poco, como señala el citado centro académico, con las modificaciones a la ley los de por sí miserables salarios que se pagan en el país disminuirían hasta 10 por ciento, cuyo efecto inmediato sería que cada año 500 mil mexicanos adicionales se sumaran a la pobreza de ingreso, un sector ahora habitado por un ejército de 60 millones de personas. Como apunta el CIEN, el solo hecho de abaratar la mano de obra no detonará los empleos ni la competitividad esperados, sino que se requiere aumentar la productividad, hacer más eficiente el gasto público y realizar una reforma hacendaria que impulse la inversión y simplifique y modere la carga tributaria.

Pero los de la entrepierna aseguran que el problema es la obsoleta legislación.

Las rebanadas del pastel

Los diputados y senadores asisten (o están obligados) a sus respectivos recintos parlamentarios dos veces por semana, en periodo ordinario. Ya que ellos son los que aprobarán la reforma laboral y, además, la consideran la octava maravilla; entonces, que sean ellos quienes inauguren la modalidad de pago por hora, toda vez que son los legisladores, entre otros, quienes aseguran que se trata no sólo de una excelente idea, sino de una forma equitativa de redistribuir correctamente el ingreso.

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