Aún la Cámara de Diputados no comienza a trabajar totalmente porque no se han integrado las comisiones ordinarias. No obstante, los legisladores producen incesantemente iniciativas que la presidencia camaral no tiene más remedio que enviar a esos grupos de trabajo –sin pies ni cabeza–, y para muestra lo que sucedió ayer en el salón de sesiones, donde se presentaron 18 iniciativas y propuestas de reforma.

Una de ellas, la que elevó en tribuna la vicepresidenta Aleida Alavez (PRD), pretende dotar de autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR) y sentar bases constitucionales para la creación de la Fiscalía General de la Nación. Para concretarlo deberán reformarse los artículos 71, 76, 78, 89 y 102 de la Constitución.

Según la diputada Alavez, las procuradurías de justicia de todo el país son un lastre nacional. Desde luego esta carga no podría entenderse sin analizar el papel que ha jugado la PGR en los pasados 15 años, al convertirse de un órgano de investigación y persecución del delito a una instancia incluso de persecución política.

A la fecha y como se encuentra constituida en la actualidad, la PGR ha sido rebasada por el fenómeno delincuencial, así como por los arraigados vicios que la aquejan: excesiva burocracia, lentitud en la tramitación de averiguaciones previas, la falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público, la violación sistemática de los derechos humanos, así como la infiltración de grupos criminales, motivos estos para el descrédito de las instituciones en materia de procuración de justicia penal.

Con esta reforma se pretende que el presidente de la República o el gobernador de cada entidad federativa no sean jefes del Ministerio Público, para que con ello no puedan sustituir con su voluntad política las decisiones que sólo incumben a un órgano técnico que actúa en representación de la sociedad.

Así, la Fiscalía General de la Nación deberá tener facultades para investigar los delitos con recursos y patrimonio propios; debe ser realmente una instancia acusadora y persecutora, y no sólo una instancia que recibe información y engrosa expedientes; debe contar con una verdadera policía de investigación con elementos técnicos y periciales, además de contar con mecanismos de protección y seguridad para las víctimas.

También a través de una iniciativa que reforma la Constitución Política y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) trata de buscar que se establezca un porcentaje mínimo de cuatro por ciento que deberán obtener los partidos políticos en la votación de las elecciones federales ordinarias para mantener su registro correspondiente.

También a la Comisión de Desarrollo Rural se turnó la iniciativa de la diputada Araceli Torres Flores (PT), que busca modificar los artículos 183 y 183 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para establecer acciones que permitan disminuir la dependencia alimentaria a través de la transferencia tecnológica a los productores vinculados y proporcionándoles asistencia técnica y recursos.