Cerca de un centenar de indígenas, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de las comunidades Comandante Abel y Unión Hidalgo, municipio autónomo La Dignidad, en Chiapas, se encuentran refugiadas en otros poblados. La situación es considerada grave por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Como denunció la junta de buen gobierno (JBG) de Roberto Barrios, el pasado 8 de septiembre, 73 personas de Comandante Abel fueron desplazadas a tiros por un grupo paramilitar, vinculado a lo que se conocía como Desarrollo, Paz y Justicia y con el PRI. Del 6 al 19 de septiembre, los agresores pasaron de 55 a 150, y han construido un campamento a 500 metros de la comunidad. Otras familias zapatistas debieron abandonar Unión Hidalgo, en Sabanilla.

Una brigada de observación, formada por organismos civiles y colectivos de la otra campaña, visitó la zona para encontrarse con los desplazados y dio a conocer un amplio informe. Pudo constatar varios impactos de bala en la escuela autónoma y las tiendas cooperativas, así como la cimentación de trincheras a 200 metros del poblado. Según los propios refugiados, se han identificado armas AR-15. Durante la noche, los agresores atrincherados apuntan con ellas.

Dos días antes de iniciar sus ataques, los paramilitares se reunieron en San Patricio con los funcionarios Eduardo Montoya, Maximiliano Narváez y Noé Casta- ñón León, este último secretario de Gobierno, y agentes de Seguridad Pública, sostiene el informe. Después llegarían individuos con ropa militar y armados. Menos de 30 pobladores permanecen en la comunidad. La mitad de las 147 hectáreas del poblado están ocupadas por los invasores. Algunas mujeres escaparon rumbo al río. Los niños se metieron al monte sin saber por dónde salir; los disparos venían de muy cerca, zumbando arriba de nosotros, tocando la pared de la casa, narraron las mujeres. Una expuso: estaba despachando en la tienda; de repente se soltaron los disparos y las compañeras salieron de manera dispersa. Tres días sin comer ni beber. Otra relata: las compañeras se escondieron bajo piedra y árbol; teníamos a dos compañeras desaparecidas, hasta tres días después aparecieron en San Marcos.

En la entrada se encuentra un control de Seguridad Pública estatal desde el día 16, que más bien parece proteger a los invasores. El día 18, los policías realizaron disparos.

Los paramilitares han ocupado la casa de salud autónoma. Buscan desalojar a las bases de apoyo; hay muchas milpas invadidas. Animales y pastizales se están desperdiciando, los paramilitares cortan el alambrado, destruyen las cosechas. Responsabilizan al gobierno: Es su manera de guerra y desgaste para rendirnos. No dejamos nuestra lucha y no nos vamos a rendir.

En la comunidad autónoma San Marcos, los observadores encontraron a los desplazados de Comandante Abel en condiciones precarias. Cuatro mujeres están embarazadas y hay temor de abortos espontáneos. Una de las que estuvieron desaparecidas después del ataque refiere: la bala nos perseguía y cuando llegamos a este lugar ya estábamos enfermas. No pasamos por la vereda, sino por la barranca. Sentí que hay un tigre detrás de mí, me perdí, estaba espantada, sentí que ya no estaba en el mundo. Ahora son atendidos por los promotores de salud y las parteras de San Marcos.

En Zaquitel Ojo de Agua se encuentran desplazadas otras 12 personas de Unión Hidalgo, donde permanecen algunos jóvenes para cuidar los pollos, cerdos y pavos, sin poder salir. Son amenazados por integrantes del PRI, quienes se esconden para dispararles. Por un aparato de sonido los paramilitares anuncian, “día y noche, que nos van a ‘comer’, porque estamos en otra línea, fuera de la justicia y las leyes”, testimoniaron. Si los paramilitares no logran tomar la comunidad Comandante Abel, dicen que nos van a masacrar a nosotros. Integrantes de la JBG declararon a su vez: El gobierno compra gentes, después las convence de quitarnos la tierra.