ada vez son más numerosas las voces de organizaciones y personajes que se pronuncian vigorosamente en contra de la iniciativa de reforma laboral de Felipe Calderón Hinojosa, las cuales siguen creciendo día con día ante la indiferencia y terquedad del gobierno y de muchos diputados y senadores. La inconformidad y la indignación recorren a la sociedad mexicana. Esa infame iniciativa denuncia claramente la irresponsabilidad política y el odio profundo del actual presidente hacia la clase trabajadora mexicana, en la cual se trasluce su parcialidad sumisa hacia los intereses empresariales que en México han medrado con la explotación de la mano de obra y los recursos naturales, hasta acumular riquezas de unos cuantos que aplastan lo que debiera ser una distribución justa y correcta del ingreso nacional.

Una comisión de la 61 Legislatura en la H. Cámara de Diputados se ha apresurado para tener listo el dictamen sobre la propuesta de Calderón, el cual se conocerá en medio del descontento que la iniciativa ha despertado, por sus inocultables intenciones de condenar a los trabajadores a una esclavitud disfrazada, cuyos efectos le habrán de explotar, cual bomba de tiempo social, al siguiente gobierno. Sería una irresponsabilidad tan grande como la de Felipe Calderón, que el nuevo gobierno que se inicia el 1º de diciembre próximo asumiera como propia ésta, que ha sido certeramente calificada como contrarreforma laboral. Algunos de sus promotores no saben o pretenden ignorar los funestos resultados que le traerá a la paz social de México, y obstinadamente se empeñan en continuar en su indigno propósito de aprobarla.

Ello ocurre porque se han negado a estudiar el fracaso y los efectos tan negativos que medidas similares han traído a países como Grecia, España, Irlanda o Italia actualmente, o Latinoamérica en años recientes. Esas naciones buscan regresar de donde a los mexicanos apenas nos quieren llevar.

Este intento de nueva agresión contra los trabajadores y los sindicatos es producto de la lucha de clases, pero en este caso al revés: no para favorecer el bienestar, sino para revertirlo en la historia hasta los tiempos del régimen elitista de Porfirio Díaz, cuando las mayorías mexicanas tenían la bota en el cuello de la explotación despiadada de los patrones ricos e insensibles. Estamos ante la negra perspectiva de un retorno a 1910. Históricamente, es una ignominia la que pretenden realizar Calderón, sus aliados políticos y sus jefes, los empresarios.

Siendo muy grave para la República este panorama, también lo es que la infame iniciativa de Calderón no plantea una reforma patronal y gubernamental, esta sí muy urgente, que cambie la ideología de la ambición personal desmedida hacia la solidaridad entre los mexicanos, y que meta al orden legal al sector empresarial, a las instituciones y a los políticos que lucran con la explotación del trabajo humano y abusan desde hace décadas de su posición privilegiada.

Una reforma patronal y gubernamental es absolutamente necesaria para la salud de la Nación. Los desmanes que frecuentemente cometen muchos empresarios e innumerables funcionarios públicos en su papel de empleadores, no sólo contra sus trabajadores sino contra la nación, son motivo desde hace muchos años de profunda preocupación. Las fugas de capital al extranjero son uno de ellos, con recursos que surgieron de la explotación abusiva de la mano de obra y del solapamiento de los gobiernos hacia esta nefasta práctica, que significa que esos capitales van a financiar el crecimiento de otras economías y dejan la nuestra abandonada a su propia suerte. Los muy bajos impuestos que pagan las empresas poderosas es otro abuso más, donde incluso esos gobernantes los premian, retornándoles cantidades increíbles de la muy baja tributación que aquellas pagan al fisco, con lo cual propician la corrupción y engañan a los trabajadores para evitar cubrir el 10 por ciento de las utilidades reales a que están obligados por ley. Los ejemplos están por todas partes. Es muy urgente, por lo tanto, una reforma patronal y gubernamental antes que una laboral, que obligue a los empresarios a transparentar las utilidades reales que obtienen y su pago proporcional a los trabajadores. El nuevo gobierno está obligado a gobernar para todos, y no puede hacerlo más que en esa línea de acción y de conducta.

Es indignante que muchos de los que hablan o escriben hoy y apoyan esta iniciativa, le exijan a los sindicatos transparencia y rendición de cuentas y dejen a los patrones a salvo de cualquier obligación similar. En esos medios de comunicación no se les exige someterse a esta misma conducta ni rendir cuentas claras de su proceder, acomodados en la complicidad con los políticos poderosos. En cuanto al Sindicato Nacional de Mineros, y estoy seguro que en muchas organizaciones más, desde su nacimiento –en 1934–, nosotros sí les rendimos siempre cuentas transparentes a quienes, de acuerdo con nuestros Estatutos, son los depositarios únicos de esa facultad, los trabajadores, no una autoridad que cuando menos ha sido siempre sospechosa de no rendirle cuentas claras al pueblo de México. Este es el caso de los arqueos de caja permanentes, las auditorías contables y financieras que realiza el consejo general de vigilancia y justicia, así como los informes obligados por Estatutos, que son transparentes en cada convención nacional, para el estudio y aprobación de todos los delegados.

La iniciativa de Calderón es absolutamente discriminatoria. Lo justo es que los patrones deben ser obligados al mismo régimen de transparencia de sus manejos y recursos que le están exigiendo a los sindicatos. La reforma patronal que se necesita debe incluir la exigencia de la toma de nota para los dirigentes de las asociaciones de empresarios y para los patrones que representan, con el fin de saber si todos ellos cumplen con las leyes, si transparentan y están al corriente en sus obligaciones fiscales, si acatan sus compromisos legales en materia de seguridad industrial y protección de la salud, así como en la siempre ausente protección del medio ambiente. Es preciso que su incumplimiento genere castigos penales verdaderamente severos a los patrones o funcionarios públicos que violen las leyes en cualquier ámbito de la actividad económica nacional.

Es exigencia social que los hombres de empresa se comprometan con el país, lo mismo que los funcionarios públicos que los solapan. Esa es la médula de un sistema democrático, lo demás son engaños y demagogia que seguramente generarán fuerte inestabilidad y crisis social para el país. Si desafortunadamente llegara a suceder, que nunca se nos olviden los nombres de los que hoy, por intereses personales o de grupo, están traicionando y actuando en contra de los derechos de la clase trabajadora, de la población y de México en su conjunto.