l gobierno de Estados Unidos pretende que los 12 policías federales arraigados por su posible participación en el ataque a un vehículo diplomático de ese país, ocurrido el pasado 24 de agosto en los alrededores de Huitzilac, Morelos, se conviertan en testigos protegidos de las agencias de seguridad del vecino país, según revelaron a este diario abogados de los uniformados. Significativamente, la salida a la luz pública de dicho ofrecimiento coincide con las declaraciones formuladas por la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, de que esa dependencia está muy próxima a resolver el caso y que solicitará una ampliación del arraigo de los efectivos policiales.

Si resulta por principio cuestionable la presencia y operación de agentes estadunidenses en territorio nacional –como los que fueron agredidos hace más de un mes, o como los que interrogaron, con la anuencia de la PGR, a los agentes supuestamente involucrados en dicho ataque, según los testimonios de sus propios abogados–, la concreción de este intento por sustraer a los policías federales arraigados del sistema de procuración de justicia mexicano y colocarlos bajo las órdenes del gobierno de Washington confirmaría una lamentable pérdida de soberanía en esa materia durante la administración federal en curso.

Semejante perspectiva, por lo demás, sentaría un precedente nefasto para la nación y sus habitantes, en la medida en que abriría un margen para que el esclarecimiento de ilícitos cometidos en el territorio nacional dependa, en última instancia, de las agencias de seguridad e inteligencia y de los tribunales estadunidenses.

Más allá de los inocultables afanes injerencistas de Washington, la circunstancia comentada también es indicativa del grado de debilidad y de la pérdida de credibilidad de las instancias de procuración e impartición de justicia de nuestro país. Dicho deterioro puede apreciarse en el descontrol actual del sistema carcelario, el cual debiera ser un eslabón fundamental para el cumplimiento del estado de derecho y, en cambio, se encuentra convertido en un espacio en el que privan el autogobierno y la ilegalidad, como documentó recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Otro indicador de la debacle en la justicia nacional es el bajísimo desempeño en materia de consignaciones y sentencias en contra de presuntos delincuentes: hace apenas unos días la propia PGR dio a conocer que sólo uno de cada tres individuos presentados por presuntos nexos con el narcotráfico entre 2006 y 2011 recibió sentencia condenatoria, y dicha cifra se inscribe en un contexto en el que casi 90 por ciento de la totalidad de los delitos permanecen impunes.

En suma, el comentado retroceso del Estado mexicano en dos de sus tareas fundamentales –la procuración y la impartición de justicia–, así como la abdicación de responsabilidades y potestades soberanas frente el gobierno estadunidense, configuran cuando menos una responsabilidad política de suma gravedad por el grupo que detenta, en lo formal, la conducción del país. Finalmente, ese solo aspecto bastaría para desmentir la afirmación, formulada ayer por Felipe Calderón ante el pleno de la ONU, de que el legado de su administración es un país más fuerte, justo y próspero.