yer, mientras en la ciudad de México cientos de sindicalistas, activistas sociales y ciudadanos comunes protestaban a las afueras de la Cámara de Diputados contra la reforma laboral –que se prevé sea aprobada esta semana en San Lázaro–, en Madrid, una convocatoria lanzada en redes sociales para realizar un cerco al Congreso de esa nación ibérica –en reclamo por los programas de austeridad de Mariano Rajoy– derivaba en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, con saldo de decenas de heridos y detenidos.

Más allá de la coincidencia anecdótica en la fecha, ambos sucesos tienen como denominador común el descontento social hacia gobiernos y representantes populares que no han podido o no han querido abandonar la ortodoxia neoliberal que desde hace décadas ha arrasado entornos sociales en diversos países de América Latina –entre ellos México– y que ahora reproduce el esquema en naciones europeas como España, colocadas en situación de crisis económica y fiscal.

El correlato de esa ofensiva antipopular por quienes supuestamente deben procurar el bienestar de sus respectivas poblaciones es la presión ejercida desde las cúpulas de un poder económico aferrado a los principios neoliberales de máxima rentabilidad, supervivencia de los más fuertes y depauperación programada del grueso de la población en beneficio de unos cuantos.

Puesto en situación de crisis, como ocurre en la nación ibérica, e incluso en circunstancias de supuesta estabilidad macroeconómica, como las que se dice que imperan en nuestro país, el capital no vacila en sacrificar a las mayorías para defender sus propios intereses financieros y económicos, y para ello se vale de la sumisión de autoridades y legislaturas: así ha ocurrido en España, con el aval a medidas de austeridad y recortes presupuestarios que se traducen en pérdidas sociales en materia de educación, salud y bienestar en general, y así sucede también en nuestro país, donde las bancadas legislativas discuten una reforma laboral que, de aprobarse, facilitará la explotación de los trabajadores, legalizará la informalidad y agudizará la precariedad laboral que enfrenta el grueso de la población.

Por lo demás, es claro que tanto en México como en España persiste la tentación de imponer tales medidas mediante excesos represivos como los que se expresaron ayer en las calles de Madrid, o como los que salieron a relucir, en una escala menor, el pasado lunes en Cuautitlán Izcalli, donde una protesta contra la construcción de un viaducto elevado derivó en la detención violenta de siete personas, entre ellas dos integrantes del movimiento #Yosoy132, de 15 y 16 años.

A la luz de los elementos mencionados, las situaciones de España y México constituyen, en el momento actual, dos expresiones de la persistencia y el avance de un modelo económico y social depredador, impuesto con el apoyo de autoridades que no gobiernan para sus ciudadanos, sino para un puñado de intereses económicos y financieros, y que representa, en suma, una forma moderna de barbarie y un retroceso de la civilización y de la convivencia.