Con toda celeridad, sin tomar en cuenta posibles visos de inconstitucionalidad, el Senado aprobó ayer la iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón que modifica la Ley de Contabilidad Gubernamental, con el fin de obligar a transparentar el uso y destino de los recursos públicos.

Los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa; Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, y de la Revolución Democrática (PRD), Luis Miguel Barbosa, sostuvieron en conferencia de prensa que la ley está blindada y se apega al texto constitucional, aunque reconocieron que puede haber recursos legales en su contra.

El petista Manuel Bartlett vaticinó lluvia de amparos de gobernadores, presidentes municipales y otras autoridades, que aprovecharán la inconsistencia jurídica del ordenamiento para negarse a cumplirlo.

Barbosa preguntó qué autoridad se atreverá a ampararse para incumplir con la transparencia y la rendición de cuentas y Cordero pidió valorar la trascendencia de esa reforma, que, afirmó, responde a la indignación de los ciudadanos por el desvío y abuso con los dineros públicos.

De entrada, la mayoría PRI-PAN-Verde rechazó la moción suspensiva que propuso la senadora perredista Dolores Padierna, quien planteó no discutir el dictamen, aprobado horas antes por las recién integradas comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera, con la consideración de que se vulnera la Carta Magna, toda vez que no existe la legislación secundaria que permite instrumentar la facultad del Ejecutivo en materia de iniciativas preferentes.

Priístas y panistas rechazaron incluso discutir la propuesta, y la Ley de Contabilidad Gubernamental se aprobó con 104 votos en favor, tres en contra y tres abstenciones. Los petistas votaron en contra. Bartlett había propuesto en sesiones anteriores que se desecharan la dos iniciativas preferentes, dado que no hay una ley reglamentaria que permita procesar la facultad del presidente de la República de presentar al inicio de cada período de sesiones dos iniciativas que deben dictaminarse en un plazo de 30 días.

Padierna esgrimió ese argumento, sin éxito. Su compañero de bancada, Armando Ríos Piter, argumentó luego en tribuna que votarían en favor de la reforma, toda vez que la objeción no es al contenido de la Ley de Contabilidad Gubernamental, sino al proceso legislativo.

La prisa por cumplir el plazo de 30 días, que vence el primero de octubre, obligó a integrar ayer mismo las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos, que presiden el priísta José Francisco Yunes Zorrilla y el panista Raúl Gracia Guzmán, a que aprobaran el proyecto de dictamen elaborado por una comisión técnica y lo pasaran al pleno, donde se votó en sesión vespertina convocada para ese fin.

Cada bancada fijó su postura y se destacó que la reforma obliga a transparentar el origen y destino de los recursos públicos asignados a organismos federales, a estados y municipios, entre ellos deuda, pasivos y compromisos financieros que contraigan. Se establece el pago vía electrónica a proveedores.

Las entidades federativas están obligadas a entregar trimestralmente a las autoridades federales la información de sus nóminas de educación y salud.

Al hablar en nombre del PAN, el ex titular de la Función Pública Salvador Vega Casillas sostuvo que esa reforma es la herramienta más importante para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas de estados y municipios.

Detalló que incluye sanciones administrativas y penales hasta de siete años de prisión al servidor público que incurra en la omisión dolosa de datos o altere la información y con ello dañe el erario.

Uno de los cambios que se hicieron a la iniciativa de Calderón fue que no entrará en vigor hasta diciembre de 2013 en el caso de los estados, y para los municipios –que se valoró no cuentan con recursos para implantarla de inmediato– dentro de dos años.