Diversas organizaciones de derechos humanos enviaron un amicus curiae a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigirle que inicie una consulta sobre las obligaciones que le imponen al Poder Judicial de la Federación (PJF) las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas sexualmente por elementos del Ejército mexicano en 2002.

Con el mencionado recurso jurídico –mediante el cual una organización puede presentar un estudio sobre algún tema, aunque no esté directamente involucrada en éste, para ayudarle a los jueces a tomar una decisión más informada–, los colectivos destacaron que este caso le da al máximo tribunal del país la oportunidad de definir cómo debe impartirse justicia con perspectiva de género y etnicidad.

Las organizaciones promotoras de esta herramienta –entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan– recordaron que la sentencia de la CIDH sobre el caso del desaparecido luchador social Rosendo Radilla llevaron a la SCJN a iniciar una consulta para determinar qué obligaciones tiene el PJF para cumplir dicha resolución.

A partir de este caso, varias organizaciones solicitaron que la Suprema Corte iniciara una consulta similar a propósito de la sentencia emitida por la CIDH en 2010 con respecto a Rosendo y Fernández, ya que si bien hay algunos puntos de coincidencia con el caso Radilla –en particular los relacionados con los límites del fuero militar–, también hay cuestiones específicas relacionadas con los derechos de ambas indígenas mep’haa como mujeres.

Por ello, las organizaciones promotoras del amicus curiae subrayaron que el PJF debe impartir justicia con perspectiva de género y etnicidad, sobre todo en el ámbito de la valoración de pruebas y de la declaración de la víctima.

El desconocimiento de los ministros de la SCJN sobre los alcances de las sentencias de la CIDH en el caso de las mujeres agredidas, subrayaron, contrasta con las afirmaciones del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que se ha avanzado en el cumplimiento de dichas resoluciones.