El Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida) avisó a los directivos de cinco programas estatales contra el VIH/sida y un instituto nacional de salud que dejará de enviarles antirretrovirales para pacientes que, según el organismo, no se les prescribieron las terapias establecidas en los lineamientos para otorgar recursos.

Los oficios firmados por José Antonio Izazola, titular de Censida y enviados en los primeros días de septiembre a los titulares de los programas en el Distrito Federal, Oaxaca, Guanajuato, estado de México, Puebla y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (INCMN) Salvador Zubirán, llegaron sin una advertencia previa. Tampoco hubo el interés del organismo por indagar primero las causas del supuesto incumplimiento de la normatividad.

Tampoco considera, dijo Juan Sierra, responsable de la Clínica de Sida del INCMN, que este mal es como cualquier enfermedad, no se puede tratar con una regla única, porque cada persona es diferente, tiene condiciones de salud particulares y, por tanto, necesidades de atención individuales.

Los oficios del Censida señalan que los lineamientos son de observancia obligatoria por acuerdo del Consejo de Salubridad General, y acusan a los responsables de la estrategia de detección y control del padecimiento de que las pruebas de laboratorio en pacientes de nuevo ingreso a tratamiento no se están realizando y tampoco se recetean los fámacos indicados según el avance de la enfermedad.

Sobre los seropositivos que por primera vez tomarán una terapia de control, Censida asegura que ni los hospitales estatales mencionados ni el instituto nacional han disminuido el uso de inhibidores de proteasa, pese a ser una indicación clara de los lineamientos.

Tampoco cumplen con la prescripción de una combinación específica de antirretrovirales (lopinavir/ritonavir) en casos de enfermos que requieren pasar a un segundo esquema de tratamiento, dicen los oficios, cuyas copias de dos tiene La Jornada.

Al respecto, Juan Sierra señaló que aunque Censida tiene la obligación de supervisar y vigilar que los medicamentos se utilicen de manera eficiente y optimizando los recursos económicos, también es cierto que amenazar con suspender la distribución de fármacos pone en riesgo la continuidad de las terapias y con ello la salud y la vida de los pacientes.

Esa no es la forma de cumplir con las reglas, apuntó el especialista, y señaló que el oficio recibido en el INCMN hace señalamientos generales sin precisar en qué los fundamenta. En el caso del instituto, dijo, a la mayoría de las personas que van a iniciar tratamiento se les realizan las pruebas de laboratorio para verificar el nivel de avance del VIH y el estado de su sistema inmunológico, con base en las cuales los médicos determinan el tipo de moléculas que les servirán para controlar el mal.

Los expertos pueden dar una explicación puntual sobre el tratamiento cada individuo, apuntó.

En tanto, ante el riesgo de que elCensida haga efectiva su advertencia de suspender la distribución de antirretrovirales, la organización Salud, Derechos y Justicia solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a los pacientes.