espués de 12 años de injusto encarcelamiento, y ante la perspectiva de un grave deterioro en su vista como consecuencia de la falta de atención médica adecuada, el profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez –detenido en 2000 y condenado a 60 años de prisión por el asesinato de siete policías en la comunidad chiapaneca de El Bosque– aguarda la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno de revisar o no la sentencia en su contra.

Aunque el máximo tribunal pospuso dicha decisión para la semana entrante, es pertinente que la presión social ejercida en semanas recientes sobre el organismo persista y se amplifique, a efecto de que sus integrantes analicen un caso en el que convergen los vicios tradicionales de la procuración e impartición de justicia que afectan al conjunto de la ciudadanía con el universo de abusos y atropellos sistemáticos del poder público contra los indígenas, quienes, cuando deben relacionarse con instancias políticas formales, con frecuencia se ven imposibilitados de ejercer plenamente sus derechos. Como han señalado y documentado ampliamente diversos organismos humanitarios nacionales e internacionales, el expediente de Patishtán está plagado de irregularidades desde el momento de su detención, realizada sin orden de aprehensión alguna, a las que deben sumarse las numerosas violaciones procesales que sufrió posteriormente. Para colmo, la principal prueba empleada en su contra –el testimonio inculpatorio del único sobreviviente en el ataque referido– fue desvirtuada por las propias autoridades judiciales responsables del caso, a grado tal que liberaron a otro de los inculpados en el episodio porque el testigo no se condujo con verdad. Fuera de ese elemento, no existen pruebas contundentes que aseguren que el profesor tzotzil y miembro de la organización La Voz del Amate pudo haber estado siquiera en la zona de los hechos.

Como si no fuera bastante con el injusto encarcelamiento que padece, Patishtán ha sido objeto de un maltrato que sería injustificable para cualquier persona, independientemente de su situación jurídica, y que en el caso del indígena tzotzil adquiere tintes de un ensañamiento de Estado en su contra: diagnósticos erróneos recurrentes a su problema de la vista; reclusión en nosocomios chiapanecos sin atención profesional eficaz ni tratamiento adecuado, un traslado injustificado y arbitrario a un penal federal en Guasave, Sinaloa –una de las cuatro prisiones en las que ha estado desde su detención a la fecha–, y en general, un notable desprecio a su salud, sus derechos y su integridad humana por parte de las autoridades carcelarias.

La Suprema Corte tiene ante sí, pues, una oportunidad más de restañar en algún modo el historial de fallos impresentables que arrastra: es necesario que el máximo tribunal aborde el caso de Patishtán Gómez y ponga fin a una injusticia que se prolonga ya por dos sexenios, y que pone en evidencia el exasperante extravío de los aparatos de procuración e impartición de justicia en el país, en los que el abuso del poder, la fabricación de culpables, el empleo faccioso y discrecional de las leyes, la impunidad, la corrupción, la discriminación y la violación a las garantías individuales son parte del patrón de conducta de las instituciones supuestamente encargadas de salvaguardar el estado de derecho.