ubrayaba en mi artículo anterior la relevancia de la pregunta enunciada por la secretaria ejecutiva de Cepal, la mexicana Alicia Bárcenas: ¿quién va a producir los alimentos?

Dado que en el artículo anterior presenté a grandes brochazos el panorama mundial en relación con los alimentos quisiera ahora circunscribirme a México.

Los cambios en el medio rural. En los últimos 20 años el campo mexicano se ha transformado profundamente. Sufre un profundo estancamiento, se ha envejecido y se ha feminizado en algunos aspectos, como producto sobre todo de la migración. La agricultura ha dejado de ser fuente principal de ingresos para la mayoría de los hogares rurales. Pero en el campo aún vive al menos 20 por ciento de la población total y ahí se concentra la pobreza.

La sociedad rural es extraordinariamente compleja y diversa. Coexisten diversas lógicas productivas y sociales. Más que una sociedad predominantemente agrícola se debe reconocer el peso de los recursos naturales entre los cuales los forestales son clave. Se trata de una sociedad rural fuertemente poblada por actividades multifuncionales impulsadas desde las familias y las comunidades. Desde los años 90 se afirmaba que las políticas agropecuarias se habían basado en un modelo tecnológicamente ineficiente, que había llevado a grave deterioro del capital natural: suelos, agua, vegetación primaria.

La consecuencia de lo anterior es que se requieren políticas diferenciadas con un fuerte anclaje en el desarrollo regional que permitan una transformación en la matriz tecnológica y en las condiciones de desigualdad y pobreza, al tiempo que se reactiva productivamente.

Lo anterior requiere la construcción de un nuevo pacto social. Ese pacto social que denomino Un nuevo trato para el campo exige una reconstrucción institucional, en tanto un proceso deliberado de convergencia de actores sociales y gubernamentales. Este pacto social abarca al menos tres ámbitos: el entramado gubernamental, las bases de la gobernabilidad y una plataforma programática.

Un nuevo trato para el campo. Respecto al entramado gubernamental es necesario acabar con la fragmentación y cortocircuitos de las agencias de gobierno. Esto no se resuelve solamente desde la ingeniería administrativa sino a partir de dos decisiones políticas: la política alimentaria puesto que es multisectorial se construye desde las regiones y con la participación de todos los actores involucrados. Para apoyar este esfuerzo de profunda descentralización y participación se requiere una instancia federal unificada en el propósito de impulso al desarrollo regional. Se trataría de articular los diversos circuitos que hoy fragmentan al campo y separan a sus actores: entre tierra y trabajo, entre materia prima y su transformación, entre producción y la ganancia, entre demanda local y regional y las exigencias nacionales.

Pero las bases de gobernabilidad estarían dadas a partir de asumir una opción preferente por los pequeños productores tanto los que producen para el mercado con eficiencia sustentable como los millones que son productores para quienes la agricultura es una actividad importante junto con otras actividades productivas. Esta opción preferente es una decision de justicia para enfrentar la pobreza, pero también de eficiencia puesto que producen grandes proporciones de los alimentos de manera sustentable.

Finalmente el ámbito programático debería partir de una profunda reforma presupuestal que reoriente apoyos y subsidios prioritariamente hacia los pequeños productores y no como ha ocurrido desde siempre hacia los grandes agricultores. Se necesita del concurso de todos los actors, pero sobre todo se necesita reducir pobreza y desigualdad.

Una elaboración más amplia para quien se interese en estos temas se encuentra en mi ensayo Una política alimentaria en tiempos de crisis, publicado en El trimestre Económico de julio-septiembre de este año.

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