Aproximadamente 50 migrantes originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras residentes en Tapachula, Chiapas, protestaron frente al edificio donde tienen sus oficinas los consulados de varios países centroamericanos para exigir a sus gobiernos que intervengan ante el Instituto Nacional de Migración (INM), ya que este año incrementó, de menos de mil pesos a más de tres mil pesos, el costo por realizar los trámites para su regularización.

Migrantes/ hermanos/ también son ciudadanos, y queremos solución/ y no deportación, escribieron en pancartas que portaban quienes aseveraron que el incremento por el pago de derechos para las formas migratorias dos y tres para su estancia legal en México, les ha afectado, porque la mayoría no cuentan con recursos económicos suficientes.

Una manifestante dijo que cumplió todos los requisitos solicitados por el INM, fue tres días a hacer los trámites y al final le dijeron que tenía cinco días para abandonar el país junto con su hija.

Los centroamericanos entregaron un pliego petitorio a los cónsules para que intervengan ante el gobierno mexicano con el fin de que sean atendidas sus demandas, entre ellas que se hagan las modificaciones necesarias a la Ley de Migración, que se establezca una cuota accesible y menor para la regularización, que no se les niegue este derecho, la exoneración de pago a grupos vulnerables y la agilización de los trámites, entre otros.

El cónsul de Guatemala, Héctor Sipac, explicó que el INM aplica la ley de derechos federales, pero debe reconsiderar su posición porque la ley establece que la persona que no tenga ingresos suficientes puede ser exonerada de pagos.

Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem) recomendó al alcalde de Tultitlán, José Luis Pérez Cortés, iniciar procedimientos administrativos contra dos policías municipales y una juez calificadora que arrestaron ilegalmente a tres centroamericanos, entre ellos una mujer con cinco meses de embarazo, cuando pedían dinero a transeúntes de esa demarcación.

En la recomendación 13/2012, la Codhem recordó que los policías Jorge Jonathan Vargas Fuentes y Marco Ronie Molina Mata detuvieron sin justificación legal a los tres migrantes, y la juez calificadora Mónica Jhoana Roth Pineda les impuso un arresto de 24 horas.