El próximo 26 de octubre entrarán en vigor las normas oficial mexicana 05 y 185, que obligará a los dueños de gasolineras a sustituir 5 mil bombas y actualizar por lo menos 35 mil para garantizar que el despacho de combustible sea el correcto y que los consumidores paguen lo justo por un servicio en el que predomina la falta de confianza.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Bernardo Altamirano, y el subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, José Antonio Torre Medina, anunciaron que la sustitución de dispensadores de combustible representará para los franquiciatarios una inversión estimada de mil 500 millones de pesos, que deberá dar por resultado la eliminación de pagos indebidos de los consumidores de ese combustible.

Durante la segunda Semana Nacional Políticas Pro Consumidor, ambos funcionarios advirtieron que además de estas acciones es indispensable que Petróleos Mexicanos (Pemex) tenga una participación más activa en mejorar la calidad del servicio y generar competencia entre sus franquiciatarios, porque, coincidieron, en este sector predomina la falta de confianza de los consumidores hacia los proveedores de servicios y es necesario recuperarla.

El procurador puntualizó que funcionarios de Pemex y empresarios de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) fueron convocados a este acto por la incidencia que sus actividades tienen en la economía de los consumidores, pero Pemex rechazó la invitación, y el presidente de Onexpo, Cirilo Tapia León, se disculpó en el último momento por razones de salud.

Bernardo Altamirano detalló que en el sector energético la defensa de los derechos del consumidor es muy técnica y compleja, a grado tal que en ocasiones Profeco no puede inspeccionar estaciones de servicio porque tienen protección judicial. A pesar de ello, aseguró que la Procuraduría logra verificar cada año entre 97 y 98 por ciento de las 10 mil gasolineras que hay en el país.

Señaló que en lo que va del año ha aplicado multas por 182 millones de pesos y que en promedio afronta 570 negativas de verificación e incluso juicios de nulidad que la autoridad ha concedido a propietarios.

Aseguraron que esto beneficiará a 32 millones de consumidores de combustibles que pagan más de 600 millones de pesos anualles de forma indebida y la aspiración es que esa cifra llegue a cero, aseguró Torre Medina.