más de un mes de que se inició el paro de actividades en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) a consecuencia de las irregularidades en la elección del tercer Consejo Universitario –máximo órgano de gobierno de la institución–, integrantes de grupos afines a la rectoría que encabeza Esther Orozco ingresaron ayer a las instalaciones del plantel Cuautepec de esa casa de estudios, que permanecían tomadas por estudiantes y profesores inconformes desde principios de septiembre. Durante el desalojo –calificado por las autoridades universitarias de acto de recuperación–, el grupo encabezado por Adalberto Robles, ex secretario técnico del segundo Consejo Universitario y cercano a la rectoría, se valió de hachas y pinzas para abrir las rejas y agredió a golpes a alumnos y alumnas que se encontraban adentro, circunstancia que arrojó varios lesionados.

La violencia y las agresiones son injustificables, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten. En el caso del conflicto que actualmente enfrenta la UACM, si la toma de planteles por estudiantes inconformes representa una acción ilegal y lesiva para la institución, lo procedente es buscar soluciones apegadas a derecho, no revertir tal circunstancia a la fuerza por medio de otra ilegalidad y violencia multiplicada, como ocurrió ayer en el plantel Cuautepec.

Por desgracia, y de acuerdo con los indicios disponibles, sucesos como el de ayer son consecuencia de un patrón de conducta sistemático de la administración de Esther Orozco: como han denunciado en su momento diversas voces de la comunidad estudiantil, la planta académica y los trabajadores de esa casa de estudios, y a contrapelo de los recurrentes llamados de la rectora a rechazar la violencia y privilegiar la negociación, la funcionaria ha sido tolerante y auspiciosa a las acciones violentas cometidas por sus grupos afines en contra de los inconformes –agresiones a planteles tomados, amenazas a alumnos y académicos inconformes y acciones de recuperación de instalaciones como la que se concretó ayer– y se ha erigido con ello en componente adicional de la tensión y la división que se viven el seno de la comunidad universitaria.

Tal actitud confirma la incapacidad que Esther Orozco ha mostrado desde su arribo al cargo para constituirse en factor de solución a los conflictos y los problemas que sin duda viene arrastrando la UACM desde tiempo atrás. Por el contrario, con su tendencia a desempeñarse como juez y parte y como bando beligerante en el actual conflicto, la funcionaria ha convertido su rectorado en el obstáculo principal para la conciliación de la comunidad universitaria y ha llevado la disputa por posiciones de poder dentro del Consejo Universitario a un callejón sin salida.

Ante esta circunstancia de crispación que vive esa casa de estudios, cabe pedir a las autoridades universitarias que actúen con mesura, espíritu institucional, y que renuncien a la provocación y aliento de actitudes vandálicas. Tales lineamientos constituyen, en conjunto, la única alternativa para que la UACM supere la crisis que enfrenta.