La Habana, 3 de octubre. En un episodio que muestra una insólita sintonía entre los gobiernos de La Habana y Madrid, el español Ángel Francisco Carromero Barrios irá a juicio este viernes por su presunta responsabilidad en la muerte del líder opositor cubano Oswaldo Payá, hace dos meses.

La sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Granma (oriente) juzgará a Carromero por cargos que se le imputan en el manejo del auto que volcó y se estrelló el 22 de julio pasado, por lo cual murieron Payá y el también opositor cubano Harold Cepero.

Carromero, de 29 años, vicepresidente en Madrid de Nuevas Generaciones (NG), brazo juvenil del PP, será acusado sólo de homicidio, sin enfrentar delitos políticos sugeridos por el diario oficial Granma.

Tras la vista oral, que podría durar sólo el viernes, el tribunal tiene hasta seis días hábiles para dictar sentencia, que puede ser de uno a diez años de prisión. La fiscalía pidió siete años.

Carromero podría apelar, pero eso prolongaría su proceso. Con un fallo firme podría acogerse a un convenio bilateral para cumplir su pena en España, aunque depende de que Cuba acepte.

El trámite se facilita porque el proceso es sólo por homicidio, pues los casos de delitos políticos se excluyen del beneficio. El procedimiento tiene el inconveniente para España de tener que mantener preso a Carromero.

Otro escenario, al parecer más plausible para las dos partes, es una fórmula legal que permite la expulsión del sentenciado de la isla con la extinción de responsabilidad penal. Esa puerta de salida también depende de La Habana.

Esa sería una solución de suma cero. España lograría la repatriación del sentenciado, ya libre. Cuba aplicaría su ley hasta el final y luego eliminaría el foco de tensión que pudiera representar Carromero preso en la isla.

En cualquier caso, el clima político entre los dos gobiernos es distendido. El acusado ha permanecido en la sede del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de la policía, en La Habana. La Jornada pudo saber que está en un lugar aparte, con mejores condiciones que el bloque de celdas comunes.

El secretario de Estado de España para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, dijo el mes pasado que ahora los gobiernos hablan mucho más que antes y el caso se mira con prudencia, cautela y con inteligencia.

España suprimió toda declaración pública sobre el asunto, incluso las iniciales demandas de repatriación inmediata del preso.

De manera simbólica, el anuncio del juicio se produjo el 17 de septiembre, apenas dos horas después de que se conoció la dimisión de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien Granma llamó notable impulsora de campañas anticubanas.

El diario había descrito a Carromero como cercano a Aguirre y al ex presidente José María Aznar.

El canciller español, José María García-Margallo, habló la semana pasada con su colega cubano, Bruno Rodríguez, en Nueva York y el caso estuvo sobre la mesa, según versiones de prensa. Sin embargo, las dos partes mantuvieron su pacto de silencio sobre el tema.

Según el informe policial, Carromero entró con exceso de velocidad a un tramo en reparación en la carretera a Bayamo, Granma, y frenó de manera brusca.

En una declaración filmada, Carromero reconoció el frenazo, sin precisar a qué velocidad iba.

El 31 de julio Granma dijo que Carromero y el cuarto ocupante del vehículo, el líder democristiano sueco Jens Aron Modig, se involucraron en actividades netamente políticas contra el orden constitucional, como parte de una misión para traer fondos a Payá y asesorar la constitución de una organización juvenil asociada.

A Modig, quien sufrió lesiones leves, se le permitió retornar a su país, pese a las actividades ilegales que realizó y a la violación de su estatus migratorio, agregó el diario.