A partir de la reciente aprobación de la Ley General de Contabilidad, propuesta al Congreso por el presidente Felipe Calderón, los estados y municipios del país están obligados a informar no sólo de sus ingresos y egresos, sino de su patrimonio y en especial de las deudas contraídas a largo y corto plazos, manifestó Rafael Morgan Ríos, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La obligación impuesta a estados y municipios es relevante, porque hay mucha deuda de corto plazo que antes no reportaban. Por ello, todos los estados tienen pasivos importantes, a tal grado que algunos han solicitado que se les rescate con una especie de Fobaproa, dijo.

En entrevista con La Jornada, el responsable del combate a la corrupción y del adecuado uso de los recursos federales, entre otras atribuciones, indicó que además de ese logro, obtenido a menos de dos meses de que concluya la gestión de Calderón, la SFP pudo concretar la devolución al erario de 3 mil 157 millones de pesos que fueron mal utilizados o, en su caso, no ejercidos por los estados.

Los recursos recuperados, denominados reintegros, abarcan de 2007 a agosto pasado lo siguiente: el estado de México encabeza la lista con la devolución de 480 millones de pesos; seguido de Guanajuato con 394.2 millones; Oaxaca, 328.1 millones; Coahuila, 287.9 millones; Tabasco, 152 millones; Michoacán, 139.3 millones; Sonora, 134.6 millones; Querétaro, 130 millones, y Veracruz, con 92,.4 millones de pesos.

Morgan explicó que la falta de una legislación provocaba que los estados no rindieran cuentas de sus adeudos, pero también el hecho de que los congresos locales no siempre actúan en forma muy independiente del Ejecutivo estatal, y cuando éste les manda un proyecto de ley, en los congresos lo aprueban como viene. Ahora, con la Ley General de Contabilidad se obliga a todos los congresos a que determinen claramente cuándo es necesario que se contrate un pasivo; para qué van a usar la deuda y si la pueden pagar, que ese es otro problema.

Rafael Morgan Ríos, titular de la SFP, sostuvo en entrevista con La Jornada que los estados devolvieron a la Federación 3 mil 157 millones de pesosFoto Carlos Ramos Mamahua

Pero, además, los gobiernos locales deberán informar en qué invirtieron los recursos: si adquirieron automóviles, en un edificio o en adquirir computadoras. Esto que forma parte del patrimonio estatal y municipal, sobre el cual tampoco se tenía registro.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación y nosotros (SFP) íbamos a ver las obras o bienes que reportaban, no encontrábamos nada porque no había obligación de reportarlo, o ingresaba un nuevo gobernador y también se encontraba con que aparecían muchos proveedores que no estaban registrados con deuda y había que pagarles en los meses siguientes, pero no había dinero. Todo ese pasivo quedaba oculto; ahora no será posible, porque si no lo reportan serán sancionados.

Morgan precisó que debido a la falta de información, hasta el momento el gobierno federal desconoce a cuánto asciende la deuda de cada estado.

En las auditorías que hacemos a estados y municipios ha sido posible encontrar muchas irregularidades, pero ni siquiera hemos sacado las cuentas de la deuda total, la cual es tan grave, que (los gobiernos locales) están pidiendo que se haga un Fobaproa para rescatarlos; pero no hay necesidad, porque para cubrir su deuda, van a tener que hacer muy poca obra social.

Morgan aclaró que con todo y la nueva ley, la SFP sólo puede revisar los fondos federales reasignados a los estados y municipios para construir escuelas, hospitales, caminos y otros rubros. Pero el dinero de los ramos 33, 28 y 25, son recursos de ellos. Son los fondos que les entrega la Federación de impuestos que se cobran en los estados; una parte se los cobra (Hacienda), y el resto se les entrega.