La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga un quebranto financiero al Issste por 332 millones 475 mil pesos, derivado de la fallida intención de varios directores de área que en 2009 pretendieron implementar un software informático, con el cual buscaban pasar del papel a los llamados expedientes clínicos electrónicos de millones de derechohabientes.

Sin embargo, aunque la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila –con la cual los funcionarios ahora investigados firmaron un convenio en el año 2009 para elaborar el software– realizó el diseño del servicio requerido, cuando el instituto intentó implementarlo en su sistema de cómputo no pudo hacerlo porque la infraestructura tecnológica del Issste no contaba ni tenía la capacidad para correr dicho sistema informático, según consta en reportes oficiales y de fiscalización recabados por la SFP.

Carlos Tena Tamayo, actual director del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), además de Jorge Omar Enciso Martínez, Celina Alvear Sevilla y Antonio Guzmán Nacoud, son algunos de los funcionarios del Issste sujetos a procedimiento administrativo por la dependencia, de acuerdo con el expediente 804/2012, elaborado por el órgano interno de control del organismo, del cual tiene copia La Jornada.

Fuentes gubernamentales que proporcionaron la información, pero pidieron el anonimato, indicaron que este caso es un acto de negligencia de altos funcionarios del Issste que traerá repercusiones de carácter penal contra quienes resulten responsables, pues una vez que concluya el procedimiento de responsabilidades administrativas se elaborará la querella que presentaremos ante el Ministerio Público.

Este quebranto millonario a las arcas del Issste ocurrió en 2009, cuando Jesús Villalobos López se desempeñaba como director de finanzas del instituto. En esa fecha el director del Issste era Miguel Ángel Yunes, quien en febrero del año siguiente dejó la institución para participar en la elección para gobernador de Veracruz.

La indagatoria que realiza la dependencia tendrá este jueves un importante capítulo, pues los funcionarios involucrados en esta pesquisa administrativa –cuyo siguiente paso será la denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República– están citados a comparecer ante los auditores de la Contraloría.

No es la primera ocasión que el órgano interno de control detecta irregularidades en el manejo presupuestal del Issste que han hecho funcionarios cercanos a la administración de Villalobos López, quien sucedió a Yunes en la dirección general de ese instituto, pues existe otro procedimiento de responsabilidades similar que aún está en desahogo ante la SFP.

En su edición de septiembre pasado, este diario dio a conocer que Villalobos es investigado en la SFP por otro daño patrimonial (que nada tiene que ver con el que consta en el expediente 804/2012) ocasionado al Issste por más de 300 millones de pesos, el cual está relacionado con el pago a la empresa Ingeniería Costos y Servicios SA de CV por trabajos que no se realizaron, encaminados a conocer las cifras reales de los bienes muebles e inmuebles de los centros de trabajo en las unidades centrales y desconcentradas del organismo.

Esta nueva investigación contra funcionarios del Issste, también por un monto que supera los 300 millones de pesos, derivó de la intención del organismo de modernizar los expedientes clínicos con los que médicos y enfermeras documentan la atención médica a millones de usuarios.

Con ese propósito, el Issste celebró un contrato con la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec), el 14 de septiembre de 2009, en el que se estableció como objetivo fundamental “el despliegue del expediente clínico electrónico (Issstemed), mediante un software especializado”.

No obstante, dos meses después, la Uadec advirtió en dos ocasiones al Issste que la infraestructura de esa institución no contaba ni tenía la capacidad para implementar dicho sistema.

Las autoridades del Issste que ahora son investigadas por la SFP insistieron en el desarrollo del proyecto.

Uno de los funcionarios sobre los que la Función Pública está poniendo en el centro de este procedimiento administrativo es Carlos Tena Tamayo, quien el 14 de diciembre de 2009, cuando se desempeñaba como director médico del Issste, solicitó a Miguel Ángel Yunes Linares (entonces director general del organismo), mediante el oficio DG.100.1/297/2009, la ampliación de la corrida presupuestal hasta por 85 millones 513 mil 602 pesos.

En los meses posteriores, las autoridades del instituto continuaron con el proyecto para el despliegue del Issstemed que en su totalidad generó un gasto de 332 millones 475 mil 17 pesos, según consta en toda la documentación cuya copia tiene este diario.