n una entrevista con The Wall Street Journal, el coordinador del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, aseguró que la posibilidad de abrir las puertas de Petróleos Mexicanos a la inversión privada está al alcance de la mano; indicó que la administración federal entrante presentará al Congreso la iniciativa de reforma correspondiente y previó que con suerte, la haremos a principios del próximo año. Por su parte, y de acuerdo con un reporte el grupo financiero Banamex Accival, Felipe Calderón envió un proyecto de modificaciones legislativas que permitiría una mayor participación de la inversión extranjera en las empresas del sector telecomunicaciones, que actualmente está restringida a 49 por ciento de las acciones con derecho a voto.

Las posturas referidas revelan una continuidad entre las administraciones federales saliente y entrante en la tendencia a alterar la configuración económica del país, a subvertir el papel del Estado como garante del desarrollo nacional y a colocar sectores estratégicos –como la energía y las telecomunicaciones– en manos de capitales privados, principalmente extranjeros.

Dicha confluencia de propósitos entre los gobiernos del tricolor y el blaquiazul queda de manifiesto con el hecho de que la reforma energética ofrecida por Videgaray en el extranjero tuvo un decidido impulso durante la actual administración, con la iniciativa presentada por Felipe Calderon al Congreso en abril de 2008 que, en su forma original, planteaba la entrega de los sectores más redituables de la industria petrolera nacional a manos privadas, y que fue rechazada en su mayor parte por el Legislativo, luego de grandes movilizaciones populares, de un debate organizado por el Senado y de una consulta nacional que ratificó por abrumadora mayoría el respaldo de la población al estatuto nacional de la industria petrolera.

Ahora, la afirmación de Videgaray de que la posibilidad de una mayor participación privada en la paraestatal está al alcance de la mano equivale a reactivar un proyecto en contra del cual existe amplio consenso e introduce un nuevo factor de tensión y división, que agrava la fractura política provocada por los desaseados comicios de julio pasado.

Por lo que hace a la propuesta calderonista de revertir el principio legal que demanda un mínimo de 51 por ciento de inversión nacional en las telecomunicaciones, es previsible que tal apertura, en caso de darse, agrave los términos inequitativos en los que se ha venido dando la inserción del país en la economía global y facilite la entrega de ese sector estratégico a corporaciones foráneas antes que un incremento a la competitividad interna, pues si bien se lograría que operen en territorio nacional sistemas de propiedad al ciento por ciento de corporaciones extranjeras, los mercados estadunidense y europeos seguirán cerrados a los consorcios mexicanos del ramo.

En la circunstancia, el avance de las propuestas esbozadas por el actual gobierno federal y por los emisarios de la próxima administración implica continuar transitando por el rumbo entreguista y depredador que han practicado las autoridades del país durante los últimos cinco lustros, que parte de una oposición falaz entre competitividad y soberanía y que, en términos reales, equivale a entregar todo a cambio de nada.