Tras revelarse que las armas utilizadas en la matanza de jóvenes en la unidad habitacional Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2010, provenían del operativo Rápido y furioso –ideado por Estados Unidos–, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se dé a conocer a la opinión pública losdatos que tengan sobre el tema.

Se demanda incluir toda la información resultado de las investigaciones que se hayan realizado en Estados Unidos y remitido al gobierno de Felipe Calderón.

El punto de acuerdo resalta que mientras en el país vecino se citó a comparecer al fiscal general, Eric Holder, quien estuvo a punto de ser inhabilitado, en México se desconoce la información relacionada con ese operativo y sus consecuencias.

Aleida Alavés, vicepresidenta de la mesa directiva por el PRD, quien hizo la propuesta, dijo que en aras de que la sociedad mexicana conozca toda la información disponible sobre la operación implementada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento de Justicia, “se exhorta a la PGR y a la SRE a que, en el ámbito de sus competencias, proporcionen a esta Cámara de Diputados toda la información relacionada con la ejecución y consecuencias de dicho operativo en nuestro país”.

También demandan la información relacionada con el estado de las investigaciones realizadas (...) sobre la probable responsabilidad de funcionarios nacionales en todo este complejo proceso ilegal y de consecuencias mortales y, en su caso, que entregue también la información que le hayan remitido sus homólogos estadunidenses.

El diputado por Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía refirió que ese operativo fue ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional público, con el consecuente resultado catastrófico para el país.

Lejos de combatir la criminalidad, sólo ha conseguido potenciarla cada vez más. Es el caballo de Troya de una intervención cada vez más evidente. Nos hemos convertido en este sexenio sangriento en uno de los países con mayor número de muertes, comparable a estados que atraviesan guerras regulares o irregulares de alta o baja intensidad.

El perredista Luis Espinosa Cházaro reprochó que no se hayan “dado nombres de quienes participaron en un operativo como éste; no ha habido responsabilidad penal para los que intervinieron. Es indispensable que no sólo sepamos cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los acuerdos (...) sino que haya consecuencias legales para quienes intervinieron”.

La panista Adriana González se sumó al reclamo de información. Del lado priísta, Lourdes Quiñones recordó que preocupa la escasa transparencia y rigor jurídico con los cuales se conduce la cooperación internacional del gobierno mexicano en el terreno de la seguridad pública.

El punto de acuerdo fue aprobado por la mayoría del pleno y se turnó tanto a la cancillería como a la PGR.