La Ley General de Aguas, que deberá aprobar el Senado a más tardar en febrero, debe integrar el derecho humano al líquido establecido en la Constitución, y al mismo tiempo la conservación de este recurso natural; debe verse como un bien que hay que preservar y no como una mercancía, señaló Raquel Gutiérrez, investigadora de la Universidad de Guadalajara.

Detalló que hay un colectivo de organizaciones y académicos que elabora una propuesta ciudadana de esta ley, en la cual se busca que las competencias del gobierno federal, estados y municipios puedan garantizar el derecho humano al recurso y a su saneamiento, pero que también integre las atribuciones de la Ley de Aguas Nacionales que reglamenta a la Federación en la materia. El reto es garantizar el derecho humano al líquido y asegurar la existencia de ríos, lagos y cuencas, agregó.

La propuesta ciudadana

Entrevistada durante el Conversatorio ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales?, organizado por el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, se refirió a que esta ley no se puede reducir a la sola dotación, sino que debe garantizar la conservación, protección y preservación del recurso en México.

Agregó que se sabe que en el Senado hay una iniciativa similar a la ley del estado de México en la materia, la cual tiene una tendencia privatizadora.

La norma debe ir encaminada a la sustentabilidad de las fuentes de agua en México y entender este derecho humano más allá de la obra pública, “partimos de una serie de principios que deben orientar a las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar este derecho humano.

“Uno es el reconocimiento del líquido como un elemento de la naturaleza que permite la existencia de todas las formas de vida, así como la gestión integrada de cuencas. Otro es el reconocimiento de que es un recurso estratégico para el desarrollo y para la seguridad ambiental, bases de la existencia del país.

Se trata de principios de política pública donde la aplicación de la ley está en manos de entidades y municipios, no sólo de la Federación.

Saúl Roque, del Consejo de los 13 Pueblos de Morelos, sostuvo en su participación que antes de dar prioridad al consumo humano se atiende a las inmobiliarias, y en la vida cotidiana disminuyen los caudales.