Carlos Fernando Luque Ordóñez, identificado por autoridades estadunidenses como el funcionario mexicano que conoció de manera directa la operación Rápido y furioso desde que el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) lo puso en marcha en Phoenix, Arizona, laboró hasta 2010 como director adjunto en la Procuraduría General de la República (PGR).

El presunto involucrado en el trasiego ilegal de más de mil 900 armas de Estados Unidos a territorio mexicano, y que fueron entregadas a miembros de organizaciones criminales, estuvo adscrito a la Dirección General de Agregadurías de la PGR, y en la actualidad, supuestamente, no es posible localizarlo en ninguna dependencia del gobierno federal.

Funcionarios del gabinete de seguridad nacional señalaron que Luque Ordóñez habría sido contratado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y sus datos permanecerán en secreto, debido a que la mayor parte de los funcionarios de esa instancia de la Secretaría de Gobernación están reservados.

El ex funcionario de la PGR no ha obtenido el título de licenciado en derecho por la Universidad Tecnológica de México en donde cursó nueve cuatrimestres de la carrera, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y su presunta participación en el operativo Rápido y furioso fue dada a conocer por la periodista Carmen Aristegui, con información proporcionada por William Newell, ex director de ATF en Phoenix, y participante en el trasiego de armas de fuego a territorio mexicano.

Luque Ordóñez laboró de septiembre de 2000 a noviembre de 2002 como jefe de departamento en el área jurídica de la Agencia de Seguridad Estatal del estado de México. En septiembre de 2003 inició labores con pago por honorarios en el Banco de México, en la unidad encargada de asuntos contenciosos, realizando digitalización de documentos, tarea que concluyó en enero de 2007.

El primero de noviembre de 2007 ingresó al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información contra la Delincuencia (Cenapi), que es el organismo de inteligencia de la PGR, como director del área encargada de indagar a grupos armados y terrorismo, en donde tenía como función principal la investigación de delitos federales relacionados.

Hasta mayo de 2010, Carlos Fernando Luque Ordóñez declaró a la Secretaría de la Función Pública que se desempeñaba como director general adjunto en la PGR, y que su oficina se localizaba en el edificio sede de esa dependencia, en el piso 11, que corresponde a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

Esa subprocuraduría estuvo a cargo de Juan Miguel Alcántara Soria de agosto de 2008 a noviembre de 2009, y posteriormente de Jorge Lara Rivera, quien ocupó el cargo de noviembre de 2009 a abril de 2011. Los procuradores en esas fechas fueron Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez.

Antes de ingresar a la PGR, Luque Ordoñez reportó ingresos anuales totales por 308 mil 292 pesos, es decir, que mensualmente ganó 25 mil 691 pesos ya sin impuestos. Para 2010, como jefe de departamento y encargado de realizar investigaciones a grupos armados y de terrorismo, percibió en un año, un millón 436 mil 736 pesos. Su salario mensual fue de 119 mil 728 pesos netos, luego de descuentos.