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Corresponde a los años 2009, 2010 y 2011

Subejercicio en la Siedo por 328 millones de pesos
 
Periódico La Jornada
Sábado 6 de octubre de 2012, p. 11

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) no ejerció 328 millones de pesos que se le otorgaron como parte del Programa Sectorial en Procuración de Justicia 2007-2012, que estaban destinados a la persecución de grupos criminales dedicados a tráfico de drogas, armas y personas, así como lavado de dinero, ente otros actos ilícitos.

Informes de la Procuraduría General de la República (PGR) refieren un subejercicio presupuestal de los años 2009, 2010 y 2011 por parte de la Siedo, la cual fue encabezada por Marisela Morales Ibáñez –actual titular de la PGR– desde agosto de 2008 a abril de 2011, y a partir de esa fecha es dirigida por José Cuitláhuac Salinas Martínez.

Los Indicadores de Programas Presupuestarios mencionan que mientras en 2008 se asignaron como parte de este programa 490 millones de pesos a la Siedo, en 2009 la partida presupuestal se incrementó a mil 737 millones de pesos, en 2010 los recursos se le disminuyeron a mil 525 millones de pesos; en 2011 se le otorgaron mil 645 millones de pesos, y para este año más de 2 mil 200 millones de pesos.

En cuanto a los recursos ejercidos, la PGR revela en sus informes que en 2008 la Siedo gastó 38 millones de pesos más de lo presupuestado, pero desde ese año subejerció los recursos: en 2009 no utilizó 123 millones de pesos; en 2010 no invirtió 160 millones de pesos; en 2011 no utilizó 45 millones de pesos. El subejercicio en tres años fue de 328 millones de pesos.

A pesar del subejercicio presupuestal que registró de 2009 a 2011, a la Siedo se le otorgaron para 2012 más de 2 mil 200 millones de pesos para la ejecución de este programa.

Según los datos de la institución, la finalidad de esos recursos era investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada y garantizar la vigencia plena del estado de derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica.