Decenas de reuniones, plantones y dos minutas firmadas al más alto nivel en el Palacio de Covián forman parte del balance preliminar de la Secretaría de Gobernación en torno a un conflicto no solucionado.

En la semana que comienza se cumplen tres años desde que el presidente Felipe Calderón emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), bajo el argumento de que su operación era una carga financiera para el país.

De casi 45 mil trabajadores, que no aceptaron la liquidación que les ofreció el gobierno por años de servicio, permanecen en resistencia poco más de 16 mil, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En esta última etapa, el SME ha ganado algunos avances en juzgados y tribunales que les permiten seguir negociando con los funcionarios federales e insistir en la integración de una empresa.

El objetivo central es seguir en el camino de la recontratación colectiva, aunque aun no se define la eventual forma como esto sería posible.

En la mesa central de negociación, en Bucareli, se han expuesto diversas alternativas que evalúan el SME y su dirigencia, encabezada por Martín Esparza.

No obstante, los funcionarios responsables de esta mesa advierten que la extinción de LFC es definitiva y sostienen el argumento dado aquel 11 de octubre de 2009, de que no procede la recontratación en esos términos.

Si eventualmente prosperara un litigio de esa naturaleza, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la extinción pero dejó intocado el aspecto laboral, el gobierno federal podría acudir nuevamente a gestionar un recurso de reconsideración ante el máximo tribunal del país.

El caso SME-LFC se encuentra aún en el legajo de los pendientes del gobierno federal, a menos de dos meses de concluir el sexenio.

Según la Secretaría de Gobernación, ninguno de los problemas vigentes representa una amenaza para la gobernabilidad democrática y afirman que no dejarán una papa caliente a la administración entrante del priísta Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, tampoco se ha concretado una solución en todas las rondas de conversaciones con los dirigentes del SME que ya han tratado con tres titulares de la Gobernación e igual número de subsecretarios de Gobierno.

La primera minuta, firmada por Esparza y el entonces secretario Francisco Blake, (quien falleció días después) se desprenden compromisos para solucionar el conflicto, aunque la trágica muerte del funcionario impidió que se concretaran los puntos firmados en el documento signado como testigo por Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino.

El actual subsecretario, Obdulio Ávila, dijo al respecto que sí se ha avanzado en cuanto a las tres vías definidas: trabajadores (11) que están en prisión por hechos derivados del conflicto; la presentación de propuestas de reinserción laboral (particularmente para que los electricistas se conviertan en provedores de bienes y servicios de la administración federal), así como el pago de prestaciones, como el servicio médico en el IMSS.

La segunda minuta –tomada por las partes como compromiso formal– fue firmada el 12 de septiembre pasado, también (como ocurrió con el documento del 13 de septiembre del año pasado) para que se iniciara una ronda de negociación definitiva, a cambio de que los electricistas levantaran su plantón en el Zócalo.

De los aspectos fundamentales, ambas partes continúan, a tres años del conflicto, valorando los planteamientos.