Es necesario impulsar reformas constitucionales con el fin de garantizar y hacer exigible el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas de México, señaló el diputado perredista Carlos de Jesús Alejandro, nahua de Guerrero, quien subrayó que no basta con que los indígenas se reconozcan como propietarios de sus territorios y de los recursos naturales que existen en ellos.

La verdadera autonomía, enfatizó, implica incluso el derecho primigenio de aprovechar dichos recursos con apoyo y financiamiento de dependencias gubernamentales o de decidir a quién asignan la explotación de los mismos.

Iniciativa de reforma

El legislador presentó el pasado 13 de septiembre –en el contexto del quinto aniversario de la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas–, ante el pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley de reforma de los artículos segundo, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con dicha iniciativa se busca reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, así como su garantía a la consulta con consentimiento previo, libre e informado en todos aquellos asuntos que les atañen.

De Jesús, ex subsecretario de Asuntos Indígenas del gobierno guerrerense durante el sexenio de Zeferino Torreblanca, sostuvo que el problema de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en México es que aún no han sido reconocidos en su totalidad, pese a que en legislaturas anteriores se presentaron iniciativas para salvaguardar y dar certeza jurídica a dichos pueblos.

Sin embargo, no ha habido voluntad política por parte de los legisladores para concretar dichas iniciativas, dijo.

Subrayó que a más de 20 años de que México ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se hace urgente brindar a los pueblos indígenas el reconocimiento de sus derechos, como los mencionados, ya que la reforma constitucional de 2001 no lo hizo, pese al contenido de los Acuerdos de San Andrés que el gobierno federal firmó en 1996 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino que remitió el reconocimiento de los sujetos del derecho a las legislaturas estatales.

Apuntó que es momento de armonizar la legislación del país con las normas del derecho internacional, ya que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 establece que se debe interpretar la Constitución de manera equiparable con el compromiso asumido en los tratados internacionales.

La iniciativa de De Jesús recoge las propuestas presentadas en diciembre de 2007 por la Comisión de Asuntos Indígenas de la 60 Legislatura, y la de noviembre de 2011 de los diputados perredistas Luis Hernández Cruz, Filemón Navarro Aguilar, Domingo Rodríguez Martell y Florentina Rosario Morales.

Lo anterior, porque el reglamento de la Cámara de Diputados dispone que se desechen las iniciativas que no fueron dictaminadas durante la legislatura en la que fueron presentadas.

En esta última le dan tres años al Congreso para expedir la legislación reglamentaria, y en la presentada por De Jesús dicho lapso se reduce a un año.