l titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, anunció ayer modificaciones al esquema de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con los cuales –dijo– se eliminarán los brincos en los recibos de energía que emite esa compañía. A decir del mandatario, el nuevo esquema representará una reducción de 7 por ciento en la facturación de 15 millones de usuarios y un ahorro de 530 millones de pesos.

Tal declaración tiene como telón de fondo el amplio descontento de millones de usuarios en el país por los abusivos cobros por parte de la CFE. El descontento ha estado presente desde años atrás en diversas regiones –como es el caso de la franja fronteriza y las entidades del sureste–, en las que la paraestatal ha colocado a muchos suscriptores en la disyuntiva de pagar la electricidad o comer, ha hecho inviable las actividades de pequeños productores industriales y agrarios, y ha provocado el surgimiento de movimientos de protesta organizados por los propios usuarios para hacer frente a las exorbitantes tarifas. Expresiones de inconformidad muy semejantes han surgido en la zona centro del país a partir del asalto policial a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, ordenado por el propio Calderón en octubre de 2009; con la extinción de ese organismo y la consecuente transferencia masiva de usuarios y contratos a la CFE, los consumidores no sólo han tenido que sufrir la multiplicación exponencial de las fallas en el suministro, sino también los incrementos disparatados –y en muchos casos impagables– de las tarifas.

En un contexto en que los cobros desmesurados han provocado ya severas y prolongadas afectaciones a la actividad económica nacional e incluso a la estabilidad política, el ajuste anunciado ayer por Calderón es una medida tardía e insuficiente, en el mejor de los casos, o un acto de simulación, en el peor; tal acción habría tenido que realizarse, cuando menos, desde inicios del actual sexenio, y habría debido ir acompañada de medidas orientadas a resarcir el daño económico causado por la propia CFE a los consumidores.

Pero acaso el punto más cuestionable del plan anunciado por Calderón es que no ataca las causas de fondo de los incrementos de las tarifas eléctricas, como el hecho de que la paraestatal ha sido llevada a invertir sumas crecientes en la contratación –contraria al espíritu del artículo 27 constitucional– de productores particulares de electricidad, y no precisamente porque carezca de capacidad de generación propia, sino como consecuencia de un designio para crear oportunidades de negocio a empresas privadas internacionales.

En la medida en que permanezcan sin atacar las causas que encarecen en forma artificial la energía eléctrica en el país y que profundizan la privatización de facto del sector energético nacional, la ciudadanía tiene razones sobradas para desconfiar de anuncios gubernamentales como el comentado.