La Habana, 17 de octubre. Dos académicos cubanos, que viven en el exterior y han seguido de cerca la política migratoria de La Habana, estimaron que aún faltan piezas en la reforma del presidente Raúl Castro en la materia, pero discreparon al evaluar su alcance actual y su impacto en el conflicto con Estados Unidos, en un reflejo de la polémica que se enciende con el tema.

La reforma, que entrará en vigor el 14 de enero, es positiva al flexibilizar y abaratar trámites y facilitar contactos con el exterior, pero no representa un cambio de mentalidad ni de estructuras, dijo Juan Antonio Blanco.

Sólo actualiza mecanismos de control de los nacionales dentro y fuera de Cuba mediante un sistema no transparente, que a discreción premia o castiga actitudes y expresiones, agregó.

Arturo López-Levy encontró en el paquete legal medidas positivas en la dirección adecuada, que no terminan el proceso de normalización de la política migratoria cubana, la cual aún requiere ponerse a tono con los estándares internacionales.

Ambos se formaron en Cuba, pero tuvieron que optar por trabajar en el exterior. Blanco coordinó una comisión de expertos que publicó el año pasado el informe La diáspora cubana en el siglo XXI, que se presentó aquí bajo el auspicio de la Iglesia Católica. López-Levy es de los promotores de Cuban Americans for Engagement (CAFÉ, Cubano-americanos por el compromiso), un grupo que promueve la normalización de relaciones entre Washington y La Habana.

Lo que hay es un permiso múltiple de viaje: Blanco

Historiador, ex diplomático y director ejecutivo del Centro Para Iniciativas hacia América Latina y el Caribe del Miami Dade College, Blanco respondió por correo electrónico a La Jornada: “Lo que hay ahora (con la reforma) es un permiso múltiple de viaje al exterior, que se otorga a ciertas categorías de personas y puede incluso negarse de forma arbitraria a esas mismas personas, esgrimiendo razones de Estado.

Cuando se calme la polvareda de los titulares la gente va a descubrir que no está muy lejos de donde estaba antes de esta modificación legal.

De paso por Cuba, el politólogo López-Levy, investigador de la Universidad de Denver, consideró difícil una normalización completa de la política migratoria cubana, mientras persistan factores como el programa de Estados Unidos para promover la deserción de personal de la salud de la isla destacado en el exterior.

Pero llamó la atención sobre la necesidad de atender a los grupos excluidos de los beneficios de la nueva legislación. En el caso del personal médico –que debe pasar por un mecanismo de hasta cinco años para poder radicar fuera del país– se puede ir avanzando a partir de otras experiencias internacionales, como en Colombia y varios países del Caribe, señaló.

Estados Unidos

Blanco descartó que la reforma influya en un cambio en el conflicto con Estados Unidos. Si Mitt Romney ganara las elecciones presidenciales, no me sorprendería que supeditara la continuación de los viajes a Cuba de los cubanoamericanos (o incluso de los estadunidenses) a que Cuba reconozca igualmente la libertad de movimiento a sus ciudadanos.

Estimó que el plan para la deserción de médicos, adoptado por el presidente George W. Bush, es un robo de cerebros, pero rechazó que esa fórmula se aplique a otros casos.

En Cuba existe “el mismo drenaje de cerebros que afecta a naciones en desarrollo y que países inteligentes como China, India o México han transformado en políticas para la migración circular de talentos.

El peor drenaje de cerebros que ha sufrido la isla desde 1961 ha sido autoinfligido, indicó Blanco. Es la política de destierro de sus migrantes (por razones políticas o no) a los que no se les permite regresar. Esos son cientos de miles de profesionales y no unas decenas o cientos como las deserciones obtenidas por el decreto de Bush.

López-Levy señaló, en cambio, que la reforma repercute en Estados Unidos al facilitar el contacto con la emigración cubana en ese país y permitir estancias más largas en el exterior. Hay un impacto demográfico positivo, porque esas nuevas oleadas de emigrantes tienden a una política más favorable a una relación distendida, constructiva, no necesariamente sin crítica, pero menos hostil hacia Cuba que la del exilio de línea dura.

Ahora que los cubanos pueden pasar dos años de estudio o trabajo en Estados Unidos, obviamente va a haber un aumento de entradas legales de originarios de la isla a ese país.

Esto también va a crear un aumento de quienes se acogen a la Ley de Ajuste Cubano (de 1966, por la cual se otorga la residencia al año de haber llegado a territorio estadunidense), subrayó el especialista.

López-Levy apuntó que eso será un reto para la aplicación en ese país de la política de pies secos-pies mojados (por la cual Washington ofrece residencia a los cubanos que llegan a su territorio por cualquier vía, pero repatria a los que intercepta en el mar en intentos de viaje indocumentado).

Por lo menos hay que preguntarse qué pasará con esa política, cuya aplicación depende de la rama ejecutiva, a diferencia de la Ley de Ajuste, cuya derogación implica un acto legislativo.