La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este miércoles que existe una investigación en contra de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), que ha llevado a la detención de siete de ellos por presuntamente haber vendido información de averiguaciones previas a diversos grupos criminales.

En conferencia de prensa, José Cuitláhuac Salinas, titular de la Siedo –renombrada ya como Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido)–, precisó que entre los detenidos destaca el caso de Manuel Arroyo Hernández, encargado del cuerpo técnico de control de esa subprocuraduría, a quien se imputa recibir dádivas de narcotraficantes a cambio de otorgar datos de órdenes de cateo así como de operativos contra el crimen organizado.

El funcionario declinó dar a conocer el nombre del resto de los servidores públicos detenidos, con el argumento de que las pesquisas aún siguen su curso.

En su edición de ayer, La Jornada informó que la PGR abrió una indagatoria en contra de altos mandos de esa dependencia que tendrían vínculos con grupos criminales, ya que les vendían información de las averiguaciones previas. Además, este diario dio a conocer, citando datos de la averiguación UEIDCS/031/2012, que abogados que defienden a narcotraficantes plantearon ejecutar a funcionarios públicos para bajar la presión contra capos de las drogas.

Sobre esta indagatoria de la PGR contra algunos de sus empleados, Cuitláhuac Salinas indicó ayer que es falso que Manuel Arroyo Hernández (uno de los funcionarios detenidos) tuviera amistad cercana con la titular de esa dependencia, Marisela Morales Ibáñez.

Para que este tipo de funcionarios que se corrompen puedan tener la posibilidad de prestar los servicios que requiere la delincuencia organizada, siempre van a hacer alusión a la cercanía con altos funcionarios públicos, por que esa es la cadena que tienen para obtener la información. En este caso particular es evidente que esto es mentira, aseguró el titular de la ahora Seido.

El subprocurador destacó que esta indagatoria –la segunda que se hace al interior de esa instancia de la PGR; la primera se conoció como Operación limpieza– se inició con la detención de Juan Carlos de la Barrera Bite, ex secretario de Estudio y Cuenta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Valls.

Cuitláhuac Salinas añadió que desde la llegada de Marisela Morales a la PGR, la funcionaria ha sido puntual en su determinación de actuar en contra de todos los servidores públicos que realicen actos de corrupción.

Sin entrar en detalles de la indagatoria, el subprocurador aseguró que no se solapará a ningún funcionario corrupto, sin importar el cargo que tenga dentro de la institución.

En tanto –según consta en la averiguación UEIDCS/031/2012–, al menos dos testigos protegidos implicaron a un titular de la unidad antidrogas de la Seido y a dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la filtración de información de averiguaciones previas.

Los datos ministeriales y del Poder Judicial federal obtenidos por La Jornada revelan que las dádivas a funcionarios públicos oscilaban entre 150 mil y 250 mil pesos por la información proporcionada.

Los testigos protegidos que ha utilizado para esta indagatoria la Seido han asegurado que los datos filtrados a los grupos criminales permitió a éstos evadir operativos especiales y cateos en los que se buscaba obtener información para detener a diversos narcotraficantes.